Óscar B. G., vecino de Alagón, le detuvo la Guardia Civil en julio del 2018 después de que su hermano le denunciara por cultivar marihuana en la vivienda familiar. Ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por esa plantación y por defraudar fluido eléctrico con el que alimentar las instalaciones. La Fiscalía pidió 4 años de prisión, el pago de una multa de 1.440 euros y de una indemnización a Endesa de 21.473 euros, que sería la cantidad que supuestamente defraudó.

El acusado, de 46 años, reconoció que era el dueño de las 8 plantas de maría, de los 38 gramos de speed hallados en el interior de un frigorífico y de los 42 gramos de resina de cannabis y de varios cogollos de marihuana con un peso total de 131 gramos, pero no dio explicación alguna sobre las lámparas halógenas, los ventiladores y hasta un sistema de extracción de aire que había instalado en dicho cuarto.

Solo aseguró, a preguntas de su abogada defensora, Carmen Sánchez Herrero, que en ningún momento realizó él la instalación eléctrica conectada al alumbrado público y que era la única fuente de energía de dicha plantación. Es más, añadió que las plantas de grandes dimensiones las había comprado de ese tamaño.

También quiso explicar que el hecho de que estuviera sentado en el banquillo respondía a una enemistad con su hermano, a partir del fallecimiento de su madre y el consiguiente cobro de la herencia. Una ruptura de la relación entre ambos hermanos que el denunciante reconoció. Aseguró que un día vio lo que había ahí dentro y que decidió ir a la Guardia Civil a decirlo, si bien trató de desvincularse con la supuesta actividad ilegal, afirmando que «la primera vez que lo vio todo fue el día del registro».

Desde Endesa, el técnico que inspeccionó la instalación ilegal calificó de «trabajo profesional» lo que encontró aquel día, añadiendo que la potencia contratada para esa vivienda «estaba muy por debajo» de la que necesitaba la plantación. Ante la admisión de que la droga era suya, la letrada del acusado propuso al tribunal provincial una condena de tres años de cárcel y la absolución del delito de defraudación eléctrica «porque no hay pruebas de que lo haya hecho él» y «porque Endesa estima el gasto en 1 año cuando no saben cuando comenzó supuestamente a usarse el enganche».