El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha pedido este martes "cordura" al Gobierno de Aragón y que concluya su mandato cumpliendo con sus obligaciones a la hora de garantizar alternativas habitacionales a los desahuciados o de resolver las ayudas a inquilinos de 2018.

Así lo ha asegurado Híjar después de recibir a miembros de la plataforma Stop Desahucios, que han manifestado su inquietud por el nuevo convenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Gobierno autonómico y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp).

Ha criticado que el Ayuntamiento de Zaragoza no fuera consultado, ya que habría puesto "el grito en el cielo" en algunas cuestiones, como los criterios más restrictivos a la hora de que las personas que pierden su casa tengan una alternativa habitacional.

En el nuevo convenio, para acceder a esta alternativa vuelve a ser necesario demostrar la "buena fe" de las familias, algo que se presuponía, con lo que solo pueden acceder a ella aquellas que demuestren que son más pobres que al inicio del contrato.

Ello, según ha explicado la portavoz de Stop Desahucios Concha Cano, deja fuera a muchas familias, por ejemplo aquellas que viven gracias a las prestaciones sociales.

Híjar ha recordado también que el Consistorio tiene 14 viviendas a disposición de la DGA para realojar a familias y que no han sido ocupadas, pese a que para este mes de mayo hay señalados en torno a una treintena de desahucios, la mayoría en la capital.

Por último, ha añadido que las administraciones "no pueden depender de las presiones que ejerzan las plataformas" o que el Ayuntamiento de Zaragoza deba recordar durante cuatro años al Ejecutivo autonómico que aplique la nueva Ley aragonesa de Vivienda, que ha calificado de "buena ley", y que "se olvide" de este convenio con el CGPJ, que "lo inventó la Rudi".

No obstante, la portavoz de la plataforma antidesahucios ha destacado que, aunque en un principio eran reticentes, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) va a valorar la buena fe de las familias y las soluciones habitacionales se van a desatascar.