Borja Giménez, el hijo del político aragonés Manuel Giménez Abad, asesinado por ETA el 6 de mayo del 2001, viajará hasta París para tratar de identificar al terrorista que descerrajó tres disparos a bocajarro a su padre cuando paseaba con él camino de La Romareda. El hijo del político aragonés forma parte de una comisión judicial, integrada por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, que tratará de acreditar que Mikel Carrera, alias Ata, fue quien mató a Giménez Abad, según publicó ayer el diario La Razón.

Carrera, exresponsable del aparato militar de ETA, fue detenido en Bayona (Francia) en 2010. Fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en Capbretón de los guardias civiles y ha sido el principal sospechoso de la muerte de Giménez Abad.

El diario apunta que la documentación remitida por las autoridades francesas, que se incautó a ETA en operaciones realizadas en territorio galo, va a permitir esclarecer la autoría de diversos atentados de la banda terrorista, entre ellos el que tuvo lugar en la capital aragonesa hace ahora 17 años. Esta investigación será entregada a las autoridades españolas y se remitirá «oficialmente» el 1 de octubre en un acto al que asistirán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el francés, Emmanuel Macron.

En su momento se elaboró un retrato robot del presunto autor, que describía a una persona de pelo largo, gorra y ropa deportiva de tonos azul oscuro. El terrorista iba acompañado, al parecer, por una mujer, que apoyaba la acción criminal para facilitar la huida del lugar.

COMANDO DE ETA

Las investigaciones que se han realizado desde entonces para determinar la autoría del crimen apuntaban a un «comando» de ETA denominado «Basajaun», cuya existencia oficial y componentes no se habían podido acreditar, refleja La Razón en la información. Pero ahora, según la reciente documentación se ha podido acreditar que la célula estaba integrada, como «liberados», por Mikel Carrera Sarobe, «Ata». Del grupo dependían también cuatro «comandos legales», cuyos miembros no estaban fichados. La Audiencia Nacional decidió por fin reabrir el caso en febrero de 2017 después de haberse cerrado en falso.