Trabajar por la cara. Por amor al arte. Esto es lo que están haciando las 14 trabajadoras del servicio 010 del Ayuntamiento de Zaragoza desde hace cuatro meses, los que llevan sin cobrar sus nóminas. La empresa encargada de su gestión, Pyrenalia, advirtió en julio que dejaba de prestar este servicio.

La historia de la debacle del 010 comenzó en el 2015, cuando ZeC decidió paralizar el concurso público al que se habían presentado seis empresas. Han pasado dos años donde el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), capitaneado por el concejal Alberto Cubero y con el resto de formaciones lanzando cañonazos, han provocado el naufragio del 010 con sus empleadas a bordo.

ENERO DEL 2016

En enero del 2016 un primer informe jurídico concluía que era posible la subrogación del personal. Con este documento, Cubero ha intentado municipalizar los puntos limpios, la depuradora de La Almozara y el 010.

NOVIEMBRE DEL 2016

Estas intentonas han generado enfrentamientos constantes con la oposición. Mientras, las empleadas denunciaban los retrasos en el cobro de sus nóminas y el 4 de noviembre decidieron encerrarse en el consistorio. El 21 de ese mismo mes, iniciaron una huelga indefinida hasta que ocho días después Cubero anunció que en el 2017, el 010 sería de gestión pública. Lo hizo por sorpresa y rodeado de las empleadas que han pasado de apoyar a ZeC incondicionalmente a todo lo contrario.

ENERO DEL 2017

El 4 de enero, el concejal del PP José Ignacio Senao le metió un gol por la escuadra a Cubero. Durante una comisión de Servicios Públicos sacó a la luz un informe fechado el 23 de diciembre del 2016 de Intervención que el concejal ocultó porque concluía que la municipalización del 010, tal y como estaba planteada, era ilegal.

Entre otras cosas, decía que el ayuntamiento debía crear las plazas de teleoperadora. Y eso es lo que hizo, sin previo aviso. La idea no gustó entre los grupos y el PSOE llegó a abandonar las conversaciones. Al final, Santisteve tuvo que rectificar y eliminarlas.

FEBRERO DEL 2017

El 13 de febrero el alcalde anunció que el 1 de marzo el 010 sería municipal para «no ser cómplices» de la situación de las empleadas. Una decisión unilateral del Gobierno, sin consenso ni negociación previa y por decreto.

Una semana después, con otro informe de Intervención en contra, la patronal de empresarios, CEOE, recurrió el acuerdo. Se apoyó en un informe de Intervención que concluía que el acuerdo era irregular y que podía a ser declarada nula de pleno derecho. La magistrada del juzgado número 5 de los contencioso administrativo decretó medidas cautelares.

PP, PSOE y C’s pidieron a Intervención otro informe acerca de las consecuencias jurídicas y económicas que podía tener esta suspensión cautelar. El consistorio recurrió el recurso de la CEOE pero la jueza ratificó las cautelares. Mientras, Cubero trató de desprestigiar a la Justicia y a la magistrada del caso, avalado por Santisteve, que aplaudió las declaraciones de su concejal sobre la parcialidad de la Justicia. La jueza, entre otras argumentos, esgrimía que las cautelares pretendían evitar «una situación irreversible» por la toma de una decisión que debía ser del pleno.

ABRIL DE 2017

Durante este periodo, Pyrenalia había declarado bajo juramento que tenía capacidad para seguir prestando el servicio, aunque a los pocos días solicitó al consistorio ceder a su filial Datanoise su gestión. Tanto el interventor como el secretario ya habían avisado de que la situación del 010 era «irregular» y había que reactivar los pliegos.

JULIO DEL 2017

Tras la negativa de Cubero, la contrata anunció que abandonaba el servicio. Ni este aviso le sirvió a ZeC para tomar una decisión y mantenerse firme. La ocurrencia del momento fue anunciar que el consistorio asumiría los sueldos pendientes. Fue más un titular que una medida real porque nunca se hizo. Cubero se fue de vacaciones en julio anunciando que finalmente sí cedería a Datanoise el 010, pero, un mes después, otro informe en contra le tumbó esta idea, esta vez fue de Contratación y Patrimonio, que concluía que era imposible ya que el contrato estaba extinguido.

SEPTIEMBRE DEL 2017

Las empleadas, hartas de no cobrar, de no poder dejar de trabajar para evitar darle motivos a Pyrenalia para firmar un despido procedente, decidieron anunciar otra huelga, esta vez, durante las fiestas del Pilar. Y ha sido en octubre cuando, por primera vez, tanto el interventor como el letrado municipal han avalado el proceso.

Cubero llevó la votación a una comisión extraordinaria esta semana a sabiendas de que solo contaba con el voto a favor de CHA. PP, PSOE y C’s coincidieron en la falta de garantías legales. Entre otras cosas, esgrimían que la disposición 26 de los Presupuestos General del Estado no permite subrogar personal de una empresa externa, como es el caso, y que su municipalización esta judicializada. Así que, Cubero tuvo que dar la orden para reactivar los pliegos del 2015.