El exdirector provincial de Industria de la DGA en Zaragoza, Francisco Javier Hualde, negó ayer las irregularidades por las que la Policía le imputó hace tres años --en la operación Minas-- presuntos delitos de prevaricación y cohecho al acelerar tramitaciones de expedientes en obras a cambio, presuntamente, de prebendas como la contratación de su mujer, su hijo y su nuera en algunas empresas.

Ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, el principal encartado del proceso argumentó que todos los expedientes que fueron tramitados con supuesta urgencia correspondían en realidad a trabajos de retirada de áridos, escombros, y que por lo tanto no necesitaban los permisos de Medio Ambiente que la trama, supuestamente, omitió.

Esta omisión afectaría también a los permisos para la empresa Contrayer, en la que al año siguiente (2004) entró con un 20% del accionariado su mujer, que declarará hoy. Hualde explicó que la concesión de licencia para estos trabajos sin trámites como el permiso de investigación la avala una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El exdirector provincial, defendido por el letrado Enrique Trebolle, desvinculó el expediente de la entrada en el accionariado de su mujer, y afirmó que desde que ella formó parte de la empresa él no intervino en ningún expediente relacionado con la misma hasta su jubilación, a mediados del 2011.

Sobre su hijo e hija política, también colocados en otra empresa --e imputados--, afirmó que consiguieron el puesto por su propia formación, que en el caso del hijo incluye un máster en gestión de empresas.

Ni el juez ni el fiscal ni el letrado de la DGA, personada como acusación particular, incidieron demasiado en los posibles movimientos económicos en las cuentas del exdirector, que según la defensa estarían justificados con inversiones bursátiles y negocios propios.

La operación Minas, destapada en el 2011 y aparentemente en punto muerto hasta hace dos semanas, cuenta con 15 imputados, incluídos Hualde y su familia, otros cinco funcionarios --incluidos el exjefe de Ordenación Minera Joaquín Lahoz y el exdirector provincial de Minas José Antonio Vázquez, que declaró el día 10-- y cinco empresarios presuntamente beneficiados.