Entre los requisitos necesarios para una adecuada puesta en marcha del plan y de las medidas y actuaciones incluidas en él, el IAM incluye un incremento de las dotaciones policiales. Así lo expuso Natalia Salvo durante su intervención para presentar tanto el plan como la actualización del protocolo. La directora del IAM reclamó al Estado un aumento de efectivos policiales «recortados durante los cinco últimos años» porque, añadió Salvo, «los policías son quienes garantizan la protección de las víctimas».
En este sentido, el protocolo dedica un extenso capítulo a la participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección a las víctimas y subraya la «colaboración y coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los de la Policía Local en los diferentes aspectos derivados de la protección de las víctimas (intercambio de información de todas las medidas judiciales de protección de las que se tenga conocimiento, así como de toda la información que sea relevante para garantizar la protección de la víctima», expone.
En lo referente a la comunicación entre los órganos judiciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el protocolo anunciado ayer por la directora del IAM indica que «primará un sistema ágil de intercambio de información en un entorno plenamente seguro que garantice la confidencialidad de la comunicación. La Autoridad Judicial remitirá las comunicaciones directamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad territorialmente competentes o, en su caso, a los puntos de recepción centralizada designados en cada territorio».
