Ibercaja ha cubierto ya con trabajadores voluntarios el 99% de los despidos previstos en el expediente de regulación de empleo (ere) que está aplicando para aligerar su plantilla, que contempla la salida de un total de 750 personas. En concreto, se han apuntado un total de 741 empleados en toda España, según los datos facilitados por fuentes sindicales. El plazo para acogerse a las bajas concluyó este lunes para los nacidos entre el 1958 y el 1964, es decir los que ahora tienen entre 57 y 63 años, el primer perímetro por longevidad establecido en el ajuste laboral.
De esta manera, la entidad ha cubierto sobradamente el cupo de 600 personas que había fijado para no forzar la salida de los empleados más antiguos. No obstante, como suele ocurrir en este tipo de proceso, los 199 cierres de oficinas asociados a la regulación de empleo podrían dar lugar a despidos traumáticos por el traslado obligatorio de los trabajadores afectados por estas clausuras. Esta fue la principal razón por la que UGT no firmó el acuerdo con la entidad sobre el expediente de empleo, que sí apoyaron los otros cuatro sindicatos presentes en el banco.
“El problema del ere no está en las salidas por edad, sino en la movilidad geográfica. Pueden mover a trabajadores a más de 350 kilómetros de una manera absolutamente discrecional, lo que genera despidos forzosos”, aseguró Victoria Camarena, responsable de UGT en Ibercaja. También teme que haya “traslados traumáticos” de trabajadores que se vean en la necesidad de aceptar destinos laborales en otras comunidades autónomas o lejos de sus hogares.
Según UGT, el ere del 2015 supuso la movilidad "traumático" a más de 100 kilómetros de 44 personas trabajadoras y la extinción del contrato de otras 26, mientras que en el ERE de 2017 hubo 39 despidos forzosos y otras 39 "sufrieron gran movilidad".
Para los empleados nacidos en los años 1965 y 1966, el plazo para inscribirse sigue abierto hasta el 15 de febrero. En este caso, sin embargo, no puede entrar la plantilla que tiene Ibercaja en Aragón en este tramo de edad de 55 a 56 años, con excepción de algunos departamentos de servicios centrales. Cabe recordar que la entidad puede rechazar el 7% de los voluntarios al ere por motivos organizativos.
Condiciones pactadas en el acuerdo
El banco aragonés, que dirige Víctor Iglesias como consejero delegado, llegó a un acuerdo para ejecutar el ere con cuatro de los cinco sindicatos representados en la entidad (CCOO, Apeca, ACI y Asipa). Solo UGT se desmarcó de un consenso que se alcanzó in extremis en la madrugada del pasado 19 de diciembre tras una negociación agónica que obligó a prolongar el periodo legal de diálogo.
El cierre de oficinas se redujo finalmente a 199, frente a las 220 planteadas por la entidad inicialmente, mientras que el número máximo de despidos se quedó en 750, 40 menos de las propuestas al comienzo de la negociación. También se rebajó la edad de las personas que pueden acogerse al ere por razones de edad, llegando en algunos territorios -entre los que no figura Aragón—y áreas de negocio a los 55 años cumplidos a fecha de 30 de julio del 2022.
Lo que sigue sin conocerse es el reparto de las 750 extinciones de empleo entre los diferentes territorios donde está asentado el banco, que, fuera de nuestra comunidad, tiene una fuerte implantación en zonas como Burgos y Extremadura por los lugares de origen dos antiguas cajas de ahorros (las extinguidas Círculo y Badajoz) integradas en Ibercaja, que también absorbió a la aragonesa Caja Inmaculada. Los sindicatos y la entidad prefieren no detallar estas información, al igual que las condiciones indemnizatorias pactadas.
En cuanto a las indemnizaciones, los trabajadores nacidos entre 1961 y 1963 percibirán el 85% del salario neto hasta que cumplan los 63 años. Este porcentaje desciende al 75% del sueldo en el caso de los empleados nacidos antes de los citados años o en 1964, mientras que los de 1965 que quieran acogerse al ere cobrarán el 65%. Para los empleados más jóvenes que quieran irse voluntariamente, la entidad ofrece el dos años (24 meses) de salario.
Las condiciones económicas de estas prejubilaciones están a años luz de las que se ofrecen en la mayoría de los despidos colectivos de otros sectores, ya que la banca acostumbra pagar generosamente cuando acomete ajustes de este tipo por su mayor capacidad dineraria y para evitar conflictos laborales que dañen su imagen. Tal es así, que los propios sindicatos bancarios suelen guardan absoluta confidencialidad sobre el detalle de los términos indemnizatorios que se pactan, algo que no ocurre en otro tipo de regulaciones de empleo.
