Un total de 809 trabajadores de Ibercaja se han presentado como voluntarios al ere que está aplicando el banco, que contempla la salida por edad de 750 personas. De esta manera, hay 59 empleados más que quieren abandonar la entidad de los previstos en el ajuste laboral. Esto obligará a aplicar criterios de preferencia para la elección del personal que se prejubilará siguiendo las condiciones que recoge el acuerdo alcanzado con la mayoría sindical para ejecutar el expediente de empleo, según informaron ayer fuentes de CCOO.

El sobrante será incluso mayor porque habrá que reservar plazas para los despidos forzosos que provocará el traslado obligatorio de los trabajadores afectados por el cierre de 199 oficinas que conlleva esta reestructuración interna. En el anterior expediente del 2017 se extinguieron 39 contratos por esta situación.

«Ahora hay que decidir quién se va, quién se queda o quién se mantiene en espera», apuntó Miguel Ángel Villalba, de CCOO, tras la reunión de la comisión de seguimiento del ere, en la que se dilucidó las condiciones de prelación de las salidas. En primer lugar tendrán prioridad los empleados que no pudieron entrar en el anterior expediente del 2017 —entonces se quedaron fuera casi un centenar de personas—. Seguidamente se tendrá en cuenta a los que tengan alguna circunstancia especial de salud y conciliación familiar, o los que se encuentren con una baja de larga duración. Y por último, el criterio que mandará será el de mayor edad. Cabe recordar que la entidad puede rechazar el 7% de los voluntarios por motivos organizativos.

El plazo para acogerse a las bajas concluyó el pasado lunes. De los 809 voluntarios, 741 tienen entre 57 y 63 años (nacidos entre 1958 y 1964), el primer perímetro por longevidad establecido, cuyo periodo para apuntarse al ere finalizó ya el 25 de enero. Los 68 restantes se encuentran entre 55 y 56 años (nacidos en 1965 y 1966), pero los empleados de Aragón situados en este tramo de edad no podía acogerse a las bajas, con excepción de algunos departamentos de servicios centrales.

Por su parte, UGT, el único sindicato que no firmó el acuerdo del ere, criticó ayer la «falta de transparencia» en la gestión del expediente y que no se le deje participar en la comisión de seguimiento del mismo, a pesar de la «participación activa» que tuvo en la negociación.