Las diferencias políticas en la izquierda aragonesa están impidiendo que el Impuesto de la Contaminación de las Aguas (ICA) sea ya mucho más barato para la gran mayoría de los aragoneses. La reforma que el pasado mes de octubre se quedó varada por las diferencias del Gobierno del PSOE con Podemos en Aragón, ajenas a una negociación que llegó a estar prácticamente cerrada, dejó un último borrador de anteproyecto de ley que hoy aportaría una notable reducción en los recibos que, por ese desacuerdo, no se está materializando. Tanto como proporcionar a Zaragoza y a los municipios con depuradora propia una rebaja del 54,5% sobre el coste actual, la posibilidad de aplicar un trato diferenciado con respecto a las localidades que tienen la gestión y explotación de las plantas de vertido delegadas en el Gobierno de Aragón.
Estas últimas pagarán más, casi el triple que las primeras, al aplicárseles una tasa adicional en favor del Gobierno aragonés por los servicios prestados en esa delegación de competencias. O al revés, hacer frente a las competencias de la gestión y explotación de una planta depuradora supondría pagar un tercio de lo que supondía por delegarla en la DGA. En lugar de pagar lo mismo como sucede ahora, las diferencias serían muy importantes. Se haría valer ese esfuerzo que siempre ha defendido la capital que hacen ya sus ciudadanos con sus impuestos a nivel municipal.
Pero no es la única novedad en aquel documento medio pactado a tres en octubre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que se quedó intacto y sin mover ni una coma desde que se rompió el diálogo. A punto de firmar. Un texto en el que una de las principales aportaciones introducidas por Podemos en la negociación era una tarifa social que establecería la posibilidad de eximir del pago, dejar el recibo a cero euros, a todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Tal y como desccribe el artículo 17 de este borrador, «será aplicable cuando la persona o unidad de convivencia residente en la vivienda donde se realice el suministro de agua potable se encuentre en alguna de las situaciones de vulnerabilidad descritas en el artículo 3 de la Ley 9/2016 de reducción de pobreza energética en Aragón, así como los casos de emergencia social que determinen los servicios sociales».
TRES TRAMOS, TRES TARIFAS
Para todos los demás casos existe una imposición diferente en función de si la competencia de la depuradora es del ayuntamiento o de la DGA. Para los primeros, como sería el caso de Zaragoza, se establecería un precio fijo a aplicar en el recibo que ahora es de 5,095 euros al mes y quebajaría a 1,5. Y habría una segunda parte variable, que se dividiría en tres tramos con un precio distinto en cada uno de ellos. Así, de 0 a 6 metros cúbicos se cobraría a 0,15 euros cada uno de ellos; de 6 a 18,5, a 0,35 euros, y para más de 18,5, a 0,9. Solo el último tramo superaría los 0,614 euros por metro cúbico actuales, lo que incentivaría el ahorro. Un modelo que ya está aplicando Zaragoza en el recibo del abastecimiento.
Mientras, la otra gran novedad es el tratamiento diferenciado con respecto a los municipios que tienen la explotación y gestión del tratamiento de las aguas residuales, aquellos que por sus propias limitaciones al ser un coste muy elevado, lo delegan en la comunidad autónoma. Para ellos, aparte del impuesto del ICA, en los mismos términos que para los que tienen esa competencia asumida, se incluiría una tasa que invalidaría cualquier otro cobro que ahora se esté haciendo, por ayuntamientos o comarcas, por el saneamiento (eso sí sería duplicación). Un recibo también cuantificado por tramos.
En este caso, el borrador del anteproyecto de ley establecía que se aplicaría una cuantía fija de 2 euros al mes (24 al año) y una variable en función del consumo a razón de 0,26 euros en el caso de que no superen los 6 metros cúbicos, de 0,65 si está entre 6 y 18,5 metros cúbicos y de 1,1 euros si supera los 18,5. Así, el global de la factura por la contaminación de las aguas casi triplicaría la de aquellos municipios con la competencia asumida. Aún así, sería inferior a lo que ahora pagan.
Una rebaja global que también aminoraría la recaudación global pero con un plan de inversiones más ajustado a las necesidades reales de los municipios y, sobre todo, con el destino de ese dinero ya prefijado por ley. ¿Por qué no llevar la reforma a las Cortes un ICA mejor que el actual? H
