La Iglesia argumenta que la ermita es suya basándose en la ley de 1960, que la reconoce como "propietaria de todos los bienes que fueron devueltos por el Concordato, estableciendo la posibilidad de permutar aquellos que estaban muy deteriorados, en aras de compensar el daño de la desamortización", según la sentencia. Sin embargo, el consistorio demostró que "no existe ningún documento que acredite que la ermita fuese devuelta a la parroquia", pero sí que existe numerosa documentación que justifica que el templo ha sido reconstruido y mantenido por el ayuntamiento.
