El cierre de la central térmica de Andorra tendría como efecto colateral que el Ayuntamiento del municipio dejara de ingresar algo más de 2 millones de euros anuales en concepto de impuestos, en concreto el de Actividades Económicas y el que le corresponde a la central como Bien Inmueble de Características Especiales.

Según explicó la alcaldesa, Sofía Ciércoles, Andorra ingresa, en concreto, 600.000 euros al año por el primero de ellos, mientras que por el segundo recuada alrededor de 1.600.000 euros, lo que supone una suma cercana a los 2.200.000 eruos.

«El impacto es importante. El ayuntamiento tiene en torno a 140 trabajadores, sin contar con los diferentes planes de empleo que vamos poniendo en marcha en colaboración con el Inaem», señaló. Además, Ciércoles juzgó que se trata de «una cantidad importantísima que soportaría el presupuesto municipal».

La primera edila estuvo presente en la protesta convocada ayer contra el cierre de la instalación. En la misma, señaló que «entre todos» se ha de impedir «que Endesa cierre la central» y recordó que el pleno del ayuntamiento de Andorra aprobó el jueves una moción «de forma unánime» en la que exigieron a la empresa «que ponga las medidas oportunas para evitar el cierre». Además, con esta instancia solicitan a los gobiernos de Aragón y de España que hagan «todo lo posible para alargar la vida útil de la central», de manera que esta extensión dé tiempo a la zona para diversificar su economía. «Esa transición tiene que ser justa», recalcó la alcaldesa.

De manera similar se pronunció su homólogo de Ariño, Joaquín Noé, quien aseveró que con un periodo de tiempo tan corto no se pueden «buscar alternativas». Precisamente, sobre la necesidad de buscar caminos diferentes para la comarca hizo hincapié: «En eso tenemos que seguir insistiendo. Si no, lo tenemos tan negro como el carbón».