El informe de Intervención y la oficina de control financiero en el ejercicio 2017 acaparó ayer toda la atención de un pleno ordinario del Ayuntamiento de Zaragoza en el que el responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, acaparó todas las críticas de la oposición. Pese a que algunos de los temas tratados, se venían arrastrando desde el año 2010, como era el caso del impago del canon del párking de Doctor Iranzo que, según este informe, se ha descubierto que lleva nueve años sin cobrarse y sin ser reclamado por los servicios del consistorio. Casi 50.000 euros que el edil aseguró que se le van a reclamar y que añadió que se trata de un caso puntual, aunquemostró sus dudas en dos de las 14 concesiones de aparcamientos subterráneos restantes.

El edil de Zaragoza en Común (ZeC) aseguró que en julio del año pasado ya se inició una investigación sobre este asunto. Y que se está estudiando un caso en el que tampoco se abona el canon, el que se construyó junto al hospital Clínico. Pero añadió que podría haber un acuerdo previo con el consistorio por prestar servicio a los usuarios del centro sanitario. No se descarta que esta exención no exista y, en ese caso, se le reclamará, afirmó. Y otro tampoco paga canon alguno «en el paseo Calanda», según el servicio de Gestión Tributaria, pese a que lo tenía fijado en «2.000 pesetas (12 euros) por plaza».

Así, Rivarés hizo un repaso del estado en que se encuentran todas las concesiones. Y destacó que ocho de ellas pagan puntualmente el canon (Salamero, César Augusto, los dos de la plaza del Pilar, San Francisco, Ciudadela, José Luis Pomarón y Andrés Piquer, también junto al campus universitario); otro como el del Seminario hizo un pago adelantado de diez años, que culmina en el 2020; otro como el de Eduardo Ibarra, en el que esta cuota formaba parte de un porcentaje de la financiación de la obra; en el Audiorama fue «un canon ofertado por una sola vez»; y el de Torrero, que «asumió los gastos del aparcamiento y debió ingresar una cantidad total correspondiente a la reducción realizada sobre el coste de la construcción». De manera que el impago en Las Fuentes no es generalizado.

Las críticas durante el pleno de ayer fueron más duras respecto a otros aspectos del informe de la oficina de control financiero del consistorio, como el uso abusivo del contrato menor, que creció un 75% en el 2017, y que, pese a que se le recomienda reducir su utilización y sacar a licitación servicios que se contratan así año tras año, el edil de ZeC respondió que «habrá más» porque es una fórmula de que accedan a la contratación municipal las pymes y las empresas de economía social y no siempre las grandes empresas que pujan más fuerte.