La comisión también afirmó quedarse enterada del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que decreta la imposibilidad legal y material de ejecutar la sentencia sobre la liquidación del presupuesto del 2010. Esta recogía la obligación de dedicar el remanente de tesorería de dicho año, que ascendía a 7,5 millones de euros, a pagar deuda municipal a las entidades financieras en lugar de abonar deuda comercial a proveedores, tal y como hizo el Gobierno. El auto recoge expresamente la no imposición de costas.
