El impuesto de Sucesiones entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. Así lo aprobaron ayer PSOE, PP, PAR y Cs durante la ponencia de las Cortes que estudia el proyecto de ley, con la oposición de Podemos, CHA e IU.

Esta es una de las doce enmiendas, transaccionada por el PSOE, que salieron ayer adelante y la única variación respecto a los acuerdos ya alcanzados con anterioridad en el proceso de negociación de esta formación con Cs, PP y PAR.

No ocurrió lo mismo con otras cuatro enmiendas, dos de CHA y otras dos del PAR, porque entraban en «contradicción absoluta» con lo pactado y que coincidían, según explicó el socialista Alfredo Sancho.

La entrada en vigor de esta modificación, que es de lo que más se ha hablado en Las Cortes en esta legislatura y cuya vigencia «escasamente afectará a los presupuestos de este año», según Sancho, se votará en la primera sesión del pleno de septiembre.

Desde el grupo socialista, Sancho justificó el retraso de la puesta en marcha al 1 de noviembre, en vez del 1 de octubre como pedían PP y PAR, en que si se implementa la ley «hay que hacerlo en condiciones y con seguridad» y al tratarse de una norma compleja que conlleva un proceso informático importante no podía estar concluido en un mes. Sancho justificó esta reforma por el «clamor social» existente en Aragón frente a otras comunidades en las que no se paga este impuesto y en el «compromiso» del Gobierno que preside Javier Lambán para que se abone en la media que el resto de comunidades.

REACCIONES / El portavoz del PP, Antonio Suárez, puso en valor las enmiendas de su grupo, que salieron todas aprobadas, y reconoció que no les ha quedado «más remedio» que aceptar la fecha del 1 de noviembre a pesar de que no les convencen las razonas de los socialistas. Calificó la sesión como «un pasito dentro del camino para llegar a buen puerto» ya que el objetivo de los populares es bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones. Desde del PAR, Elena Allué se mostró «moderadamente satisfecha» con esta modificación del impuesto ya que, aunque el deseo de su formación es que «desaparezca», el proyecto que se va a llevar a aprobación es «mejor» de lo que había. Defendió el retraso de su entrada en vigor porque no querían que coincidiera con año electoral y se congratuló de que quede fuera de este proyecto la proposición de ley que presentó su grupo en relación a la fiducia. Por su parte, Javier Martínez, de Cs, se mostró «satisfecho» porque, gracias al acuerdo 24.000 aragoneses dejarán de pagar el impuesto de Sucesiones y tendido la mano al PSOE para seguir negociando cuestiones como el presupuesto del 2019. El diputado de Podemos Héctor Vicente justificó el voto en contra de su grupo ya que el acuerdo es un «regalo a los ricos en Aragón», mientras que defendió la abstención de las enmiendas de CHA al considerar que estaban incluidas en la enmienda a la totalidad que presentó su formación y que fue rechazada el pasado 1 de agosto. Calificó el contenido del proyecto de ley como «decepcionante» y reprochó que se haya tramitado a «tiempo récord» negando la posibilidad de una prórroga.

Desde CHA, socio de Gobierno del PSOE, su portavoz, Gregorio Briz, lamentó que no haya prosperado su enmienda para fijar en 300.000 euros el límite para no pagar este impuesto y defendió los principios de «justicia social y progresividad» de su propuesta.

A pesar de haber votado en contra de los planteamientos de su socio de Gobierno, Briz reconoció que ambas formaciones mantienen un «respeto institucional», lo que les ha permitido continuar con su «discurso» político.

Desde IU, Patricia Luquin, criticó la modificación de un «impuesto de clase, no territorial, que afecta escasamente al 5% de la población», así como la forma en que se ha llevado a cabo. Consideró «esperpéntico» que se haya «retorcido el reglamento» para una modificación que «ni es urgente ni afecta a la mayoría social» de Aragón.