El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Caspe ha imputado a una mujer por un delito de sustracción de menores. La investigada, S. Q., abandonó la localidad zaragozana y se estableció en Torrevieja (Alicante) sin comunicárselo al padre y por ende sin pedirle permiso, incumpliendo además el régimen de visitas establecido en la sentencia de separación. Estuvo así durante dos semanas.
Los hechos los puso en conocimiento del juzgado el propio progenitor, quien recibió un mensaje por Whatsapp de la ahora investigada. Esta le explicó que se encontraba fuera y que se había llevado al hijo de ambos, de 10 años, que si quería verlo se tendría que desplazar hasta la provincia alicantina.
Ante ello, la magistrada decidió citarla a declarar en calidad de investigada. La mujer no mostró oposición y se presentó con el menor, admitiendo que era conocedora de que «no se podía mover» de Caspe. «Me marché porque no tengo ni trabajo, ni dinero para comer», explicó, mientras resaltaba que se fue a Torrevieja porque allí vive su nueva pareja sentimental y que esta le había buscado un empleo en la localidad alicantina.
COLEGIO
También señaló que en ningún momento ocultó el paradero ni de ella ni de su hijo y que, incluso, trató de escolarizar al menor. Explicó que el retraso de una semana fue porque la dirección del centro le dijo que tardaría ese tiempo en dar el visto bueno. Una argumentación que cuestionó la jueza, quien le preguntó por qué no tramitó el expediente antes. «No lo sé, primero me lo llevé y luego le inscribí», apostilló.
Ante la instructora también reconoció que en ningún momento le avisó al padre de que se iba a ir de Caspe con el menor, aunque sí quiso recordar que meses atrás le adelantó «que algún día se iba a ir». No obstante, admitió que nunca le planteó cambiar el régimen de visitas a su expareja porque «diría que no».
Durante su declaración, esta mujer quiso justificar su decisión y aseveró que su hijo «quiere vivir con ella y no con su padre, que lo que le da pena es que deje a sus amigos, pero que sabe que los puede volver a ver en verano». Asimismo, explicó que su situación económica es tan mala que «empeñó la videoconsola» del hijo y el teléfono móvil del menor para poder regresar a Caspe y cumplir con la Justicia.
El Código Penal castiga con penas de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. Se considera agravante si el traslado es al extranjero.
