Rafael R. de E., el décimo imputado en el caso Fincas Atlanta, en el que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza y el Grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía investigan la despatrimonialización del entramado inmobiliario, admitió ayer que conocía a Eduardo Lacasta --el supuesto cerebro de la trama-- pero negó haber participado en ninguna operación irregular y afirmó que no conocía al resto de personas encartadas en las diligencias.
Rafael R. de E. explicó que aceptó participar en la constitución de una empresa de hostelería y figurar como su administrador por "hacerle un favor a Lacasta", con quien mantenía una buena relación ya que se dedicaba a trabajar como API (Agente de la Propiedad Inmobiliaria) y las empresas de Atlanta contrataban sus servicios con relativa frecuencia.
La empresa participó en una operación por la que una de las empresas despatimonializadas, Carya Treinta, traspasó un hotel del Gancho sobre el que pesaba una hipoteca de caso 1,8 millones de euros.
Rafael R. de E. explicó al juez que él únicamente permaneció durante un mes al frente de la empresa, y que después no volvió a tener conocimiento de sus actividades.
El imputado también indicó que él no obtuvo ningún beneficio por participar en la operación, en la que Lacasta corrió con los gastos de constitución de la empresa, que ascendieron a 3.000 euros. Según declaró, más que el hotel en sí, lo que traspasaron en esa operación fueron las cargas hipotecarias con las que estaba gravado el edificio.
La declaración de Rafael R. de E. cierra la tanda de interrogatorios a siete imputados y tres testigos que el juez inició el pasado 13 de enero, tras acumular a un caso que ya tramitaba otro procedente del Juzgado de Instrucción número 7.
