La Guardia Civil ha imputado en Teruel a una persona que estaba recibiendo una prestación social a la que había accedido gracias a los servicios de una trama de ámbito estatal que vendía contratos de trabajo ficticios para acceder a ayudas públicas. La investigación le atribuye un delito de falsedad documental y otro de estafa
El instituto armado hizo públicos ayer los resultados de la operación Relisto, en la que han sido puestos a disposición judicial un total de 422 personas en 27 provincias.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia --en el caso de los extranjeros-- y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado cuando se trataba de presidiarios.
Las investigaciones continúan abiertas sobre otras personas nacionales y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí. La Guardia Civil ha arrestado también a 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.
La operación se inició al detectar la Guardia Civil de Cádiz la existencia de un entramado liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, que estaría creando empresas fantasma con esa finalidad.
