Tres años después de que se hiciesen públicas las imputaciones policiales de la operación Minas, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, reactivó ayer la instrucción del caso con el interrogatorio de uno de los imputados, José Antonio Vázquez Llera, jefe de la sección de Minas de Zaragoza hasta mayo del 2005.
El hombre reconoció irregularidades en forma de atajos en los trámites administrativos, pero negó que se llevara un euro por ello. Aseguró más bien que era "costumbre" en el departamento y que se debía a la necesidad de "agilizar" las obras, tanto por parte de los empresarios del sector de los áridos como de la administración.
La operación Minas cuenta hasta ahora con 15 imputados, encabezados por Francisco Javier Hualde, exdirector provincial de Industria de Zaragoza, tres familiares suyos, cinco funcionarios del departamento de Minas --incluído Vázquez y el exjefe de Ordenación Minera, Joaquín Lahoz-- y seis empresarios.
El Grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía les atribuyó en su día delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad documental por estos presuntos tratos de favor y aceptación de prebendas por la concesión de licencias de explotación. Estas incluirían la colocación de los familiares de Hualde en las empresas beneficiadas.
En el caso de Vázquez, la investigación le atribuía siete delitos de prevaricación y uno de falsedad documental, por haber alterado supuestamente la capacidad productiva de una cantera y con ella el valor del terreno que iban a expropiar a una empresa.
Ayer, ante el juez, el funcionario jubilado admitió ante las preguntas del juez y el fiscal (se negó a contestar al letrado de la DGA, personada como acusación particular) que durante la época de su gestión se daban permisos de "aprovechamiento ocasional" para agilizar obras, fundamentalmente de extracción de gravas de cunetas y otras zonas para reaprovecharlas, como en los rellenos de las obras de Plaza.
COSTUMBRE
Vázquez Llera justificó estas prácticas, que permitían evitar los trámites de estudio de impacto ambiental, en la "costumbre" y en la necesidad de ahorrar tiempo. Con este sistema, los permisos de minas estaban listos en un mes, mientras "el expediente más rápido en Medio Ambiente tarda cuatro años", lo que no era "operativo". Eran épocas de grandes obras en Zaragoza, con Plaza, la Expo o el Ave.
El funcionario aseguró que él no se obtuvo recompensa alguna por estas prácticas. Sí vio curiosidades, cómo que un empresario llevaba a un funcionario a ver una explotación en coche para agilizar los trámites.
Las defensas --entre ellas las letradas Cristina Ruiz-Galbe, Elena Sanz y María José Navarro--, ironizaron con que Vázquez "contó cosas de hace mucho tiempo", en referencia a la posible prescripción de los delitos, de cinco años. Los problemas en las licencias examinadas se han resuelto por lo Contencioso.
