La titular del Juzgado de Instrucción número ocho de Zaragoza ha imputado a tres funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en esta provincia por la desaparición de un alijo de marihuana que esta institución tenía en depósito judicial. Tal como informó este periódico, la ausencia de las plantas se detectó el 19 de noviembre del 2003 cuando se ordenó una contraperitación del alijo.
Los imputados son la jefa de sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, que ya había sido suspendida de empleo y sueldo; el director del área de Sanidad, y un ordenanza. La Subdelegación del Gobierno ha congelado el expediente administrativo incoado a la primera mientras se tramitan las diligencias penales.
Las plantas, con un peso de un kilo y medio, habían sido intervenidas a una grupo de 16 jóvenes de Ejea de los Caballeros, para quienes el ministerio fiscal solicita condenas de un año de prisión y multas de 5.100 euros.
Al existir dudas sobre el peso de las plantas, ya que en éste se había incluido la tierra que llevaban en su base, se ordenó un nuevo peritaje, pero la directora del laboratorio comprobó que las plantas habían desaparecido.
En lugar de comunicar los hechos a la autoridad judicial, la imputada intentó fabricar otro alijo que sustituyera al desaparecido con plantas de otras tres incautaciones anteriores de la misma droga. De esta manera, se pretendía que el juzgado realizara una peritación de un alijo distinto al que se intervino a los acusados.
Para este trabajo utilizó los servicios del ordenanza del área de Sanidad, cuyas dependencias están situadas en el paseo de María Agustín. Este trasladó al laboratorio las plantas de los expedientes que le ordenó la directora.
Sin embargo, el funcionario comentó esta actuación con otros compañeros y los hechos llegaron a conocimiento del director del área, quien ordenó que se paralizaran estas operaciones y abrió una investigación sobre los hechos.
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS El informe fue remitido a la Jefatura Superior de Policía, desde donde se puso a disposición de la autoridad judicial, y a la Delegación del Gobierno.
La juez ya ha interrogado a los tres funcionarios, después de leerles sus derechos, y ahora está a la espera de que la Policía Científica le remita un informe sobre la prueba fabricada , que se envió para su análisis a los laboratorios del Cuerpo en Madrid.
La imputación al ordenanza que descubrió a los hechos y al director del área que realizó el informe ha sorprendido en algunos medios de la Administración. A este respecto, fuentes jurídicas próximas al caso recordaron que la imputación es una medida para salvaguardar los derechos de las personas que pueden llegar a ser acusadas por un hecho delictivo, aunque manifestaron su confianza en que las actuaciones sobre ambos sean finalmente archivadas.
