La simple chispa de un buggy, tal y como se conoce a los vehículos diseñados para circular por la arena, fue el origen del fuego que calcinó más de 800 hectáreas en la sierra de Alcubierre el 23 de julio del año pasado. En la investigación de dicho incendio, la Guardia Civil ha podido descubrir que una empresa se dedicaba a entrenamientos deportivos en zonas semidesérticas de Los Monegros y que no contaba con los permisos necesarios. De ahí que el instituto armado no solo haya investigado a los dos pilotos que conducían dicho arenero, sino también a los que les alquilaron el dispositivo GPS ERFT para hacer la ruta que realizaron por pistas forestales de Leciñena y Perdiguera.
Una conclusión a la que llega la Benemérita, después de que los dos corredores vascos de rallys imputados, G. L. M. e I. C. D., aportaran las conversaciones mantenidas a través de las redes sociales con los otros dos implicados, J. P. G. y J. D. G., además del documento en el que acreditaban que habían contratado una ruta por 180 euros y se pusieron en contacto con el fabricante del GPS, que informó de la prohibición de alquilar o prestar estos aparatos.
Tres de los investigados se dieron cita el mismo día 23 de julio en el bar Las Piscinas de Villamayor, donde realizaron una serie de papeleos. Posiblemente por el curso de rallys que uno de los corredores vascos se encontraba realizando. «Seguramente les prestaron un dispositivo GPS ERFT», mantienen los investigadores en el atestado. Provistos de dicho aparato, los dos conductores dieron comienzo a la prueba en las horas más calurosas del día debido a que meses más adelante iban a participar en una competición en el desierto.
Un recorrido que realizaron con un buggy que había sufrido una serie de modificaciones técnicas sin control alguno. Llevaba instalado un depósito auxiliar de caracter temporal que sufrió una fuga de combustible encima del colector de escape del vehículo, lo que fue incendiando hierbas y matojos por el camino de Valongares. Solo pudieron realizar 40 kilómetros de la ruta elegida, puesto que el calor desprendido pudo afectar a la goma del depósito u otro manguito, produciéndose la pérdida de gasolina y las llamas posteriores.
Dicha causa lleva a la Guardia Civil a rechazar la hipótesis inicial de que el incendio fue accidental y a imputarles un delito de incendio forestal por imprudencia grave. No solo por la modificación del vehículo, sino también porque realizaron una actividad no permitida en una pista forestal para las condiciones meteorológicas adversas existentes en ese momento. No obstante, tienen en cuenta su actitud colaborativa, aunque en el primer momento trataron de irse del lugar.
Así lo declaró un Agente de Protección de la Naturaleza (APN) del Gobierno de Aragón que se los encontró junto al lugar del incendio. Les preguntó qué había pasado y G. L. M. e I. C. D. le reconocieron que se les había quemado el buggy. Mientras se iba a atender el fuego, estos decidieron hacer caso omiso a su petición de que se quedaran en el lugar a la espera de que llegara la Guardia Civil. Hecho por el que le imputan también un delito de desobediencia a la autoridad.
Esta misma persona les afirmó que no había constancia de ningún permiso o autorización para circular por montes de utilidad pública, ni de gestión autonómica ni de propiedad municipal. Ellos le contestaron que lo tenían porque estaban haciendo un cursillo de entrenamiento todo terreno.
EMPRESA FICTICIA
La Guardia Civil trata ahora de saber si la empresa que supuestamente comercializó esos cursillos y por ende el sistema de GPS pudiera ser ficticia y que empleara redes sociales como Facebook para dar apariencia de realidad.
Los responsables de la misma, J. P. G. y J. D. G., aseguraron ante los investigadores que en ningún momento alquilaron esos dispositivos electrónicos y que desconocían que estaba activada la alerta roja por incendios forestales en la zona que iban a recorrer G. L. M. e I. C. D.
