Los ánimos entre los grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza siguen caldeados por los efectos de la aplicación de la nueva ley de contratos públicos, que entró en vigor el pasado mes de marzo. El incremento del límite de gasto de 15.000 euros a 50.000 euros para la compra de recursos y material, confirmado en la disposición adicional 44 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), «sigue siendo insuficiente» para los investigadores.

«No nos sirve de nada. Quizás nos puede dar algo de aire para llegar a final de año, pero no tiene ningún sentido que el límite ahora sea más amplio porque el problema sigue siendo el mismo», expresó ayer a Alberto Anel, profesor departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular de la Universidad de Zaragoza. En este sentido, Anel insistió en que «la única solución» para los grupos aragoneses y los del resto de universidades es que «la investigación sea excluida de esta ley, tal y como está escrita. Solo nos perjudica», dijo.

La totalidad de los grupos de investigación del campus público se han visto afectados por la ley que pretende una gestión óptima de recursos, algo que en investigación, tras años de recortes y crisis, asumen desde hace tiempo. «En cualquier caso, que nos controlen como siempre. Tenemos un nivel de auditoría, responsabilidad y control en la universidad que es exquisito. Está muy bien hecho. Yo siempre lo pongo como ejemplo de hacer control de gasto», argumentó Anel.

«Esta ley con restricciones tan estrictas no se puede aplicar a la investigación. Si al final no nos dejan al margen, será algo inaceptable. No se puede contemplar un cambio contable de esta magnitudo. Es imposible, se mire desde donde la norma no se puede asumir», insistió el profesor de la universidad.

La entrada en vigor ayer de los Presupuestos Generales del Estado, con el «pequeño respiro» del incremento de dinero, propició que muchos investigadores realizaran pedidos pendientes para sus proyectos. «Teníamos cosas atrasadas por la situación del limite de 15.000 euros y ahora todos estamos en una línea de salida, a ver quién llega antes. Esto tampoco puede ser. Podemos ser solventes hasta diciembre», añadió Anel.

A la espera

El profesor del departamento de Bioquímica y Biología Molecular reiteró que «prácticamente todos los proyectos» de la Universidad de Zaragoza están paralizados por la ley de contratos públicos. «Se han tenido que pedir favores a colegas de otros países para poder continuar. El aumento exponencial de la burocracia para comprar llega a todos», apuntó Anel.

Por otro lado, los investigadores valoraron «positivamente» la reacción de la Universidad de Zaragoza, que mostró su apoyo a la queja lanzada el pasado martes. También ven con buenos ojos que la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas (CRUE) aborde hoy el tema. «Estamos contentos por ese lado, porque lo que queremos es que lo hablen y una solución. Aún así, seguimos expectantes a todo el proceso, porque no será inmediato. El paso que hemos dado de salir a la opinión pública quizás puede generar más presión», consideró Anel.