A más de 660.000 euros (110 millones de pesetas), asciende la indemnización fijada por un juez de Zaragoza para la víctima de un accidente de tráfico registrado en el término municipal de Pedrola el 2 de julio del 2001. Aunque la cifra es una de las más elevadas que se han señalado en la capital aragonesa, las diferentes fuentes jurídicas consultadas coincidieron en manifestar que se ajusta a los baremos establecidos actualmente.

El accidente se produjo en el kilómetro 270 de la carretera N-232, cuando un turismo Opel Kadett , que estaba adelantando a una furgoneta, se empotró contra la parte posterior de una cosechadora que cruzaba la vía.

En la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número siete de Zaragoza, con fecha de 21 de enero de este año, se establece que el coche accidentado circulaba a una velocidad entre 120 y 125 kilómetros/ hora y que las huellas de frenada se prolongaron 60,45 metros, lo que no pudo evitar la colisión.

Aunque la velocidad máxima permitida en ese tramo de carretera es de 100 kilómetros/hora, la sentencia recuerda que se permite su incremento cuando se trata de adelantar a otro vehículo, como es el caso, por lo que la responsabilidad de los hechos se atribuye a una falta de imprudencia del conductor de la máquina cosechadora, quien no apercibió "por falta de atención" la presencia del otro turismo o "calculó inadecuadamente la distancia".

La sentencia, que condena al agricultor a 30 días de multa, con una cuota de cinco euros, no admite una "posible concurrencia de culpas", tal como argumentaron los abogados de la defensa, apoyándose en la velocidad del vehículo que ocupaba la víctima, ya que el juez no la considera inadecuada en atención a las circunstancias del tráfico y al lugar donde ocurrió el accidente.

Como consecuencia del accidente, el conductor del Opel sufrió traumatismo craneoencefálico y otras lesiones que le provocaron importantes secuelas, con una "incapacidad permanente muy amplia" para poder desarrollar un trabajo en condiciones de normalidad.

La víctima, que padece desde entonces un trastorno de personalidad derivado de un "daño cerebral difuso", requerirá de por vida el control directo "de otras personas especialmente entrenadas".