Varias familias aragonesas expresaron ayer su "indignación" con el Servicio Provincial de Educación al considerar que el organismo "no ha resuelto" todas las denuncias presentadas por un presunto fraude en el proceso de escolarización.

"Se han desestimado buena parte de las alegaciones pese a haber recibido pruebas irrefutables por parte de los padres afectados que evidenciaban que estaban siendo perjudicados por solicitudes falseadas de forma deliberada con el objetivo de conseguir una plaza", argumentaron las familias, quienes confesaron sentirse "indefensas" y "en desacuerdo" con la actuación del Servicio Provincial.

El pasado lunes, Educación admitió tres casos de fraude en el proceso de escolarización de alumnos en los centros concertados de Marianistas --donde más denuncias se produjeron--, la Salle Franciscana y Compañía de María. Los padres alegaron que la falsificación del domicilio es "una de las irregularidades" más comunes y recalcaron que han "constatado" sus denuncias "con documentos y fotos".

"Se han demostrado recientes cambios en el padrón, el alquiler de pisos de manera temporal en la zona escolar por parte de familias que ya cuentan con otros domicilios fuera de la zona o fraudes relativos al mundo laboral como contratos de trabajo de apenas dos meses de duración cerca del centro, coincidiendo con el proceso de escolarización", argumentaron.

Las familias expusieron que el argumento de la enfermedad crónica del alumno ha sido "otro coladero" que el Servicio Provincial no ha tenido en cuenta. "En Marianistas, 31 niños solicitaron plaza con una puntuación inicial de 6 puntos y de ellos 7 alegaron problemas en el sistema digestivo. El dato es sorprendente porque de los 69 admitidos, no se da ni un solo caso en el que se presente alguna enfermedad de esta patología. Y de los 17 niños que entraron después por sorteo, un 41% sí que alegó la enfermedad. Es imposible".

Educación ha recibido este año un total de 25 denuncias, de las que desestimó 22. "No se ha querido atender la mayoría de las denuncias, una circunstancia que perjudica gravemente el correcto funcionamiento el proceso escolar y deja en una situación de desamparo a las familias afectadas ante la ley", puntualizaron los padres.