ZeC y Podemos-Equo han mostrado hoy en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza su indignación contra el Gobierno de PP-Ciudadanos por su decisión de no recurrir un auto del judicial que decretó el sobreseimiento de una querella interpuesta por el anterior ejecutivo de ZeC por crímenes del franquismo.
La denuncia fue interpuesta en los juzgados de Zaragoza por el ayuntamiento después de ser aprobada en pleno, en representación de 33 personas represaliadas que denunciaron 108 crímenes cometidos en la capital aragonesa entre 1936 y 1977.
La documentación fue preparada por las entidades memorialistas y de la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo habilitada por el anterior Gobierno municipal mediante un convenio con la Asociación Libre de Abogados, dentro del Plan de Memoria Histórica desarrollado entre 2016 y 2018.
El auto del Juzgado de Zaragoza decretaba el sobreseimiento de la causa basándose en el criterio del Tribunal Supremo, que se apoya en la Ley de Amnistía de 1977 a los torturadores y asesinos franquistas.
La semana pasada el Gobierno de la ciudad anunció que no iba a interponer un recurso para continuar con la causa, siguiendo el criterio de la asesoría jurídica municipal, que consideraba que no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto.
Por su parte, los demandantes defendían la tesis amparada en la legislación internacional de Naciones Unidas sobre Justicia Universal, que contempla que los delitos de genocidio y lesa humanidad no prescriben.
"Tampoco prescribe el dolor, el recuerdo, el desconocimiento del destino de una persona desaparecida ni el abandono de la verdad", ha señalado el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, en su defensa de la moción.
Por su parte, el concejal de ZeC Pedro Santisteve (alcalde durante el anterior mandato en el cual el consistorio interpuso la querella) ha tildado a Azcón de "cobarde" por "esconderse" bajo un informe de la asesoría jurídica.
"Somos la vergüenza de la justicia internacional", ha lamentado Santisteve, quien ha señalado que los juzgados españoles deberían investigar estos crímenes.
Desde el Ejecutivo municipal, la consejera de lnfraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Patricia Cavero, ha defendido que al margen de la "apreciación política" que se pueda hacer, la Ley de Amnistía de 1977- en la que se respalda la decisión judicial- es una ley promulgada en la fecha por el consenso de todas las fuerzas políticas.
Además, ha reprochado al anterior Ejecutivo que la firma de un convenio para la defensa de esta querella por parte de la Asociación Libre de Abogados costara 20.000 euros de "impuestos municipales".
La propuesta de que el Ayuntamiento de Zaragoza recurra la decisión del Juzgado número 8 de Zaragoza de archivar esta querella e insista en el proceso de reparación no ha salido adelante con la oposición del PP, Ciudadanos y VOX.
