Fimbas, la representación legal de la sociedad gestora de la finca de caza donde se ubicaba el yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, ha informado al titular del Juzgado de lo Penal número uno de Huesca de una entrada presuntamente no autorizada de funcionarios del Gobierno aragonés en la propiedad.
Este órgano judicial condenó en noviembre de 2016 al empresario minero leonés Victorino Alonso a 2 años y 6 meses y al pago de una indemnización de 25,5 millones de euros como autor de la destrucción del yacimiento, cantidad de la que hizo también responsable a Fimbas.
Tras ser confirmada parcialmente la sentencia por la Audiencia de Huesca, que rebajó a 2 años la condena de prisión, el juez de lo Penal inició los trámites para la ejecución de la sentencia y dio respuesta el pasado mes de abril a dos escritos del Gobierno aragonés de autorización de acceso a la finca de cara a valorarla antes de inscribirla a su nombre.
El juzgado requirió a su vez a la administración autonómica a que con carácter previo a la inscripción de la finca procediera a aportar un expediente de aceptación de la propiedad así como una tasación de su valor.
En un escrito posterior presentado por la representación legal de Fimbas, al que ha tenido acceso Efe, se denuncia ante el magistrado de lo Penal que sobre las 09.00 horas de la mañana del pasado 13 de julio se personaron, "sin previo aviso alguno", doce personas que dijeron actuar en nombre del Gobierno aragonés así como dos agentes de la Policía Adscrita.
Según el letrado, los funcionarios informaron al guarda encargado de la custodia que pretendían realizar una visita a la finca y a las casas del antiguo núcleo de Bastarás para comprobar su contenido y realizar una tasación.
Añade el escrito que los funcionarios le comunicaron al guarda de forma "categórica y expresa" que la finca e instalaciones eran propiedad del Gobierno aragonés y que disponían de autorización judicial para la inspección.
Puesto en contacto con la asesoría jurídica de Fimbas y ante la imposibilidad de contactar con algún responsable de la sociedad, la comisión fue autorizada únicamente a acceder a la zona de la Cueva de Chaves.
Tras visitar esta zona, señala el escrito, uno de los vehículos de los funcionarios "eludió" el control del guarda y se dirigió hacia la parte alta de la finca, "creando una situación de peligro".
Sostiene el representante legal de Fimbas que la comisión abandonó la finca sobre las 12.00 horas de la mañana, "no habiendo podido el guarda evitar dicho abuso por la superioridad numérica y amenazante de los intrusos".
Señala, por otra parte, que la sociedad siempre ha autorizado las visitas solicitadas con antelación por arqueólogos o funcionarios de Caza y Pesca, pero insiste en que la que se produjo el 13 de julio fue "extemporánea" y mediante la invocación de "unos pretendidos derechos de propiedad que no podía desconocer eran falsos".
Concluye el escrito que los hechos relatados son constitutivos de varios presuntos delitos, "sobre los que esta parte se reserva de forma expresa el derecho a formular la oportuna denuncia o querella".
En respuesta a esta queja, el Gobierno aragonés presentó a su vez en el juzgado, tres días después, otro escrito para informar de los altos funcionarios, abogada y agentes que formaban la comisión y del objetivo que pretendían llevar a cabo, conocer y valorar la finca para proceder a su inscripción registrar.
Señala la representación jurídica de la administración regional que la visita se programó de acuerdo a lo establecido por el juzgado, y que el guarda de la finca fue avisado la misma mañana en que se produjo la entrada.
El escrito señala que se autorizó por parte de la asesoría jurídicamente la entrada al lugar del yacimiento arqueológico destruido, aunque admite que varios miembros de la comisión visitaron, "acompañados del guarda", otras zonas de la finca "en ejercicio de las competencias del Gobierno aragonés en materia de gestión forestal, caza y pesca".
Se añade, además, que los miembros del grupo no pudieron llevar a cabo los trabajos técnicos para realizar una valoración de la finca.
El Gobierno aragonés aportó, además, un informe elaborado por los agentes de la Policía Nacional Adscrita en el que se asegura que no se pudo observar durante la visita "ningún tipo de amenaza, ni coacción, ni se realizó intento de visitar nada distinto a lo autorizado".
Tras el juicio por la destrucción del yacimiento, la Administración aragonesa aceptó la entrega de la finca como pago de la deuda, aunque rechazó que esa propiedad, valorada en instrucción en 12 millones de euros, pudiera cubrir la totalidad de la cantidad adeudada.
Los expertos que comparecieron en el juicio como peritos se refirieron al yacimiento destruido como uno de los más importantes del neolítico español y europeo.
Según estos peritos, recogía la Audiencia de Huesca en su resolución, "el yacimiento era irrepetible e irreemplazable, y el daño es irreparable e irrecuperable".
