El Ayuntamiento de Huesca anunció esta semana una serie de medidas después de que el Gobierno de Aragón le instara a aplicar la Ley de Memoria Democrática. El equipo de Gobierno oscense respondió haciendo públicos algunos cambios, como la modificación del nombre en varias calles de la ciudad. Sin embargo, ha generado críticas al negarse a retirar la placa de Franco que se sitúa en la planta baja del consistorio.

Sobre esta, existe un informe técnico que recoge que la placa es «funcional». Justifica que está destinada a dejar constancia de la reforma de la casa consistorial y «sin ella, no se sabría en qué momento y quién la realizó, ni se podría relacionar con la publicación de Regiones Devastadas, a fin de documentar por extenso esta intervención de cara al futuro del edificio (rehabilitación, obras diversas, materiales…)».

El informe hace referencia a que «no menciona, ni enaltece, el golpe de Estado de 1936, ni a sus protagonistas, ni denigra a los vencidos». «Tampoco cuenta con la iconografía al uso de yugos, flechas o vítores, ni se encuentran en él, transcritos, los usuales vivas a Franco o a España», según se puede leer.

Asegura que el texto se halla «protegido legalmente», alegando que «lo inscrito en la placa entra dentro de la definición de documento que proporcionan, tanto la ley de archivos de Aragón en su artículo número 1.1, como en el 49.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español». «Forma parte del Patrimonio Documental Aragonés y Español», indica. Asimismo, se apunta que la inscripción forma «parte indisoluble» de un edificio especialmente significativo y de su evolución a través de las épocas. «La placa es consustancial al edificio», recoge el escrito.

Se considera que concurriría «una lectura emocional» de la lastra epigráfica, a raíz de lo contenido en la Ley de Memoria Democrática de Aragón, para que un documento de la época franquista se confundiese con un documento profranquista. «Los nombres mencionados en su texto, indudablemente, traen resonancias indeseadas, pero no por ello menos dignas de ser preservadas en el ámbito histórico», subraya.

En el informe se explica que la placa franquista es una lastra epigráfica que se sitúa en la parte baja de la escalera principal del edificio. Testimonia la reconstrucción del inmueble en 1944 por la Dirección General de Regiones Devastadas, merced al procedimiento de adopción dictado por el decreto de 23 de septiembre de 1939 y la orden de 28 de octubre del mismo año. «Como es obligado en este tipo de inscripciones, aparecen los nombres e intitulaciones del gobernante, del responsable del organismo reconstructor y del alcalde del consistorio», prosigue el informe.

Aclaración propuesta

El documento también habla de «una posible solución que cumpliese la legalidad en todos sus matices, que no dejase al edificio mutilado y que no ofendiese sensibilidades». Se refiere a incluir una explicación de la situación de la casa consistorial después de los bombardeos, el papel de Regiones Devastadas y el obligado mecanismo de la adopción por parte del dictador para proceder a la reconstrucción. Así como indicar las fórmulas de agradecimiento obligatorias y el lema de la ciudad «dos veces heroica, leal e invicta», que el consistorio eliminó en el 2003.

En este sentido, la propuesta coincide con la decisión del equipo de Gobierno de colocar una aclaración junto a la placa. El texto que se propone incluye que «en 1944, la Dirección General de Regiones Devastadas reconstruyó el inmueble de la casa consistorial, dañado en la sublevación de 1936-39». Se indica que «hubo de someterse al procedimiento de adopción por el Jefe del Estado», regulado en el decreto y orden de 1939.

Hace referencia a «los tratamientos concedidos a la ciudad en esa época: «dos veces heroica, leal e invicta», que fueron eliminados de su escudo en el 2003». Y sus últimas líneas recogen: «que esta casa consistorial nunca deje de ser la casa de todas las gentes de la ciudad».