Un informe elaborado por el responsable de la Auditoría Interna de Caja Inmaculada advirtió en febrero de 2006 al director general, Tomás García Montes, de los riesgos del gran peso de la actividad promotora en la entidad y de la necesidad de limitar inversiones en este sector y de incrementar los controles, pero García Montes no lo aceptó y decidió la destitución de su autor, José Manuel Ibáñez.

Ibáñez así lo ha explicado a los miembros de la comisión de investigación parlamentaria que analiza en las Cortes de Aragón la gestión, la actividad de la alta dirección, la actividad de las sociedades participadas por CAI o el contexto en el que se desarrolló la gestión empresarial de la entidad, y en la que se ha referido tanto a la gestión del director general entre enero de 2001 y agosto de 2005, Luis Calvera, como a la de García Montes, que lo fue entre agosto de 2005 y diciembre de 2009.

Además de criticar duramente la gestión de García Montes, Ibáñez ha asegurado que el informe que elaboró y que envió al director general alertando de los riesgos del negocio inmobiliario y de la forma de actuar de la sociedad CAI Inmuebles fue el detonante de su destitución, en septiembre de 2007, una vez que el Banco de España también había alertado de estos riesgos.

CAI Inmuebles, que dependía directamente del director general de la entidad de ahorro, iba "bastante por libre" y García Montes no permitía que sus actas fueran conocidas por los miembros del consejo de administración de la caja, ni por la Comisión de Control ni por la Auditoría Interna, ha dicho Ibáñez.

Ibáñez ha agregado que cuando él comenzó a advertir de los riesgos y de las malas prácticas, algo que ha calificado de "motín" y que ha reconocido que podría haber hecho "antes", García Montes intentó disuadirle de una manera "bochornosa", lo que le costó el cargo. "Me cortó el cuello y me mando a una oficina en el barrio de Casablanca", ha enfatizado.

Ibáñez ha asegurado que no recibió presiones del antecesor de García Montes en el cargo de director general, Luis Calvera, pero sí, y constantes, del primero, quien le "corregía y tachaba" los informes.

A su juicio, García Montes, a quien ha llamado "arribista", tenía un "exceso de soberbia y avaricia" fundamentado en su "falta de autoridad moral", y ha agregado que "lo único" que hizo con su gestión en la CAI fue "echar a perder una institución con cien años de historia".

Ha relatado que fue Calvera quien decidió crear CAI Inmuebles en 2001, y que en los primeros años realizó operaciones "sabrosísimas", con promociones inmobiliarias que arrojaron incluso "4.000 millones de pesetas de beneficios".

Ese fue el "cebo" que el director general, Tomás García Montes, "picó" para volcar a la CAI en el sector promotor, a juicio de Ibáñez una "trampa saducea" que en 2005 ya se preveía que podría venirse abajo.

En 2005 ya había "serios indicios" de que "la caldera estaba hirviendo, pero en lugar de refrigerarla y bajar la presión, se metió más fuego", ha explicado.

Ha puesto como ejemplo que en diciembre de 2005 la entidad había concedido créditos a CAI Inmuebles para participaciones inmobiliarias por 650 millones de euros, mientras que en 2009 la cifra ya era de 1.400 millones.

Eso demuestra que García Montes tuvo "escasísima visión de futuro" de un negocio que cuando lo comenzó Luis Calvera sí que podría estar justificado, ha manifestado Ibáñez.

Ha reconocido que "todos" en la CAI tienen su parte de responsabilidad en este asunto, pero también el Banco de España, que ha asegurado que conocía la situación, además de las administraciones que cobraban más tasas e impuestos, los agentes de la propiedad, los notarios y hasta los cerrajeros, que hacían más llaves gracias al negocio inmobiliario que era, ha enfatizado, "un panal de rica miel".

Ibáñez ha negado que hubiera "miedo" en el seno de la caja hacia García Montes, pero sí que ha dicho que los consejos de administración no eran "muy profesionales" y que eso propiciaba que los directores generales "se hicieran fuertes".

A su juicio, las "malas prácticas" en la CAI eran una excesiva confianza en el sector inmobiliario, una gestión opaca de los directores generales, una escasa información interna, un liderazgo "autoritario y personalista" y un escaso control de la auditoría interna.