Los trabajadores sociales tendrán diez días para elaborar el informe de la concesión de una ayuda de urgencia y se vetará a aquellas familias con niños sin escolarizar o cuyos ingresos superen los 532 euros si tienen menos de dos hijos, cifra utilizada para la valoración de los ingresos. Este es parte del nuevo reglamento para las ayudas de urgencia, que aprobará hoy el Gobierno de Zaragoza y que sustituye a la norma de 1994.

Los grupos podrán presentar sus aportaciones al texto durante los próximos 15 días. Luego la norma será visada por la comisión del área de Acción Social y ratificada por el pleno. El nuevo texto trata de agilizar la concesión de estas ayudas. Así, el centro municipal de servicios sociales tiene diez días para elaborar un informe en el que se detalle si se le concede la ayuda, así como la cuantía de la misma o, en su caso, los motivos para denegarla.

Tras la elaboración de este documento, la concejalía de servicios sociales resuelve el expediente. El objetivo, según indicó ayer el teniente de alcalde de Acción Social, Roberto Fernández, es que estas ayudas se resuelvan en un plazo de 15 días y no en los 39 actuales.

El reglamento también establece los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de las ayudas. Así, no se debe disponer de recursos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), elevado en un 20% por cada miembro de la unidad económica de convivencia a partir del segundo. Es decir, será preciso tener menos ingresos para obtener una ayuda de urgencia, dado que el IPREM asciende a 532 euros y el salario mínimo a 645 euros. Además, el tope de la ayuda se marca en el 50% del IPREM anual, es decir, 3.195 euros a lo largo de todo el año.

Tampoco puede ser beneficiario de prestaciones similares de otra administración pública ni ser propietario de bienes muebles cuya venta pudiera atender estas necesidades. Además, se denegarán las solicitudes de aquellos que ejerzan la medicidad, así como si no se escolarizan a los menores, o si estos superan injustificadamente un 25% de absentismo escolar.

Con el nuevo reglamento también se podrán percibir ayudas por vivienda --incluidos gastos de electricidad y gas--, alimentación, vestido y ayudas sanitarias "siempre que por un problema esencial de salud vengan diagnosticadas por un facultativo del sistema público de salud". Así, se recogen pagos como los de la factura de la luz que, paradójicamente, se recortaban en instrucciones dictadas recientemente por Acción Social.

Estas instrucciones fueron ayer objeto de un encendido debate en la comisión del área. Tanto IU como CHA exigieron a Fernández su retirada porque dos circulares emitidas "modifican lo que se dicta en una norma de rango superior", dado que limitaban el acceso a las ayudas en materia de vivienda y cercenaban casi en su totalidad las ayudas sanitarias --por ejemplo, para la compra de gafas--. Fernández, por su parte, se negó a retirar ambas circulares e instó a los grupos a que presenten sus propuestas para la nueva norma que el Gobierno aprobará hoy.