El presidente del Consejo de Administración de Plaza, Rafael Fernández de Alarcón, ha dicho hoy que un informe de la sociedad alertó, cuando él ya había tomado posesión -en octubre de 2011- de que en la plataforma logística había obras inacabadas o no certificadas por 104 millones de euros.
Fernández de Alarcón, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, ha comparecido hoy ante la comisión parlamentaria que analiza en las Cortes de Aragón supuestas irregularidades en la gestión de Plaza, con cinco causas abiertas en los juzgados.
Ha explicado que ese informe hablaba de 104 millones de euros de coste de obras "que faltaban" o con las que los técnicos no estaban de acuerdo.
Los técnicos, ha añadido, creían que había obras que no se habían pagado "conforme a los contratos vigentes".
El "primer aviso" de estas irregularidades lo recibió Alarcón en noviembre de 2011, cuando el director gerente de Plaza, Jesús Andreu, intentó poner en marcha las instalaciones y servicios para los empresarios radicados en la plataforma.
Según el consejero, se encontró entonces, por ejemplo, con el servicio de vídeo vigilancia sin acabar, aunque había costado alrededor de 3 millones de euros.
Además, cuando Alarcón llegó a la presidencia encontró una deuda de 150 millones de euros, por lo que su primer cometido fue renegociarla, con avales exclusivos del Ejecutivo aragonés, para evitar que la sociedad entrara en concurso de acreedores.
Para ello, a finales de 2011 se recurrió a una ampliación de capital que fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Administración pero que sólo suscribió el Gobierno de Aragón.
Cuando Fernández de Alarcón llegó a la presidencia de la sociedad, una de sus primeras decisiones, ha relatado, fue el cambio del asesoramiento jurídico, que hasta entonces ejercía una empresa externa y que "no era el más adecuado", y que a partir de ese momento comenzaron a hacer los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón.
Se trató, ha dicho, de una cuestión de "costes" y de "incompatibilidad", entre otras cosas porque encontró contratos cuyas cláusulas no parecían "las más adecuadas" y porque a él, personalmente, no le consta que haya informes de los anteriores asesores jurídicos "que pusieran pegas o recomendaciones respecto a contratos que hicieron gastar un dinero improductivo".
También ha manifestado que es "evidente" que los controles jurídicos y técnicos en etapas anteriores fueron "insuficientes".
Respecto a la excesiva utilización del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación de obras, Fernández de Alarcón ha estimado que éste es necesario en algunas ocasiones, con todos los controles, pero sí que ha dicho que la sociedad Plaza sí que utilizó los procedimientos de modificado y complementario "por encima de los límites".
También le han preguntado a Alarcón por la denuncia que el gerente, Jesús Andreu, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas prácticas corruptas en la plataforma logística, que se saldó con la imputación de casi una treintena de personas en diversas causas.
El presidente del consejo de Plaza ha dicho que le pidió a Andreu que no presentara la denuncia antes de contar con un informe exhaustivo, pero él no atendió a este requerimiento.
Otro de los asuntos por los que se ha preguntado es por la indemnización de 150.000 euros que se pagó al anterior gerente, Ricardo García Becerril, cuando se decidió prescindir de sus servicios por pérdida de confianza en junio de 2011, y los motivos por los que no se optó por un despido disciplinario.
Fernández de Alarcón ha explicado que el anterior consejero delegado de la Corporación Pública de Empresas, José Luis Murillo, acordó el pago de la indemnización sin consultarlo con él, aunque podría haber habido "otras posibilidades".
Los servicios jurídicos estudiaron la posibilidad de presentar una queja o recurrir el pago, pero aunque hay "dudas" sobre la legalidad, no han encontrado suficientes argumentos para recurrir a los tribunales.
