Se considera incongruente la certificación complementaria de 6.665.333 euros". Esa es la conclusión del informe elaborado por un arquitecto, a propuesta de Plaza, para valorar el exceso de dinero que Codesport recibió de la firma pública por construir las naves de Autocity.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha imputado en el caso pagarés al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y al exconsejero delegado de la empresa pública y exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó, como presuntos autores de un delito de administración desleal y otro de malversación, mientras que ha encartado a Agapito Iglesias, dueño de Codesport, como supuesto cooperador necesario de los primeros y por estafa.
Los dos primeros están en libertad provisional. El tercero está citado a declarar a las 9.30 horas de hoy. El juez, que les ha impuesto una fianza de 18,85 millones de euros, sostiene que en la causa existen indicios de que el constructor recibió indebidamente de Plaza 14 millones de euros que se repartió con los otros encartados. Sin embargo, el informe pericial que acompaña a la denuncia cifra el presunto desfalco en 6,65 millones.
El documento indica que los 22,39 millones abonados por las certificaciones ordinarias incluyen un exceso de 4,36 por aplicar precios superiores a los del contrato, aunque añade que "se podría considerar que en esta cantidad está incluida una actualización de precios y un incremento de gastos generales de obra".
CIFRAS
El arquitecto, Mariano Pemán, que admitió ante el juez que trabajó con datos que le facilitó Plaza, añade que "las certificaciones de anexos y modificaciones se han hecho con precios superiores a los de la oferta y a los de mercado, pero no encontramos criterios objetivos, basados en el contrato, para establecer en este informe unos precios aplicables a esas certificaciones". Sí señala como "improcedente" lo pagado por las acometidas eléctricas y por un cambio en las cubiertas.
El documento apunta que, a la vista del contrato, "no se encuentra justificación para certificar revisión de precios ni sobrecostes". El primer concepto, añade, "según los índices legales arroja una cifra de 213.990 euros más IVA y la cantidad abonada es de 3.750.766". Calcula en 1.607.266 euros el exceso en los gastos generales de obra y añade que los 6,65 millones "abonados por revisión de precios y por gastos generales" suponen un montante "muy superior a la cifra calculada de 1.511.291 para ambos conceptos que en todo caso, y al margen del contrato (precio contratado a precio cerrado) se podría considerar.
"Sin contradecir lo expuesto en las conclusiones precedentes", cifra en 4,36 millones los pagos con precios superiores a los del contrato y en 3,29 los derivados de "modificaciones realizadas con los precios que ha puesto el contratista". "Aun así --añade--, en tal caso, deberíamos considerar que en estas certificaciones estarían ya incluidas unas cantidades en concepto de actualización o revisión de los precios contratados y por los gastos generales de las obras", lo que le lleva a valorar en 6,65 millones el desajuste.
