Para corroborar los hechos que denunciaban, las Siervas de María se encargaron de elaborar un informe en el que se explica que los crímenes empezaron en octubre del 2002 y en el que expone la posible implicación de las autoridades del país en la red de tráfico de órganos.

Además de videos y fotografías de cadáveres, las religiosas cuentan también con el testimonio de un menor que consiguió huir de la finca en la que presuntamente se extirparían los órganos y llegó hasta el convento para refugiarse. Una vez allí, el niño explicó a las hermanas lo que ocurría en la finca vecina.

Sin embargo, y a pesar de las reiteradas denuncias a las autoridades locales, las hermanas aseguran que no se ha abierto ninguna investigación porque "en Mozambique hay una gran corrupción y la policía, el aeropuerto y el Gobierno local, todos están implicados", según informa Zenit .

Además, según se expone en el informe, las religiosas habrían descubierto que el ciudadano sudafricano blanco dueño de la finca en la que se producirían los crímenes, que responde a las iniciales G. C., había contratado a unas personas para que mataran a la hermana Elilda, la misionera brasileña que se desplazó hasta la capital del país para denunciar el caso ante la ONG Liga por los Derechos Humanos.

Ahora, las hermanas hacen un llamamiento porque creen que "sólo la presión internacional podrá significar un empuje hacia la luz".