Un informe pericial realizado a petición de los propietarios de la finca de La Herradura, que se haya incursa en un proceso judicial por presuntas irregularidades medioambientales y urbanísticas, concluye que todas las obras de esta finca son legalizables de acuerdo con la normativa vigente.
La Herradura, situada a la orilla del embalse de Mequinenza, dentro del término de Caspe, genera una media de 53 puestos de trabajo, posee 900 hectáreas y constituye un elemento dinamizador del empleo en la comarca. Pero hace varios años fue denunciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por la supuesta invasión de zonas de valor ecológico, lo que dio lugar a que fueran imputados dos exalcaldes, varios exconcejales y distintos técnicos municipales, así como responsables del Gobierno de Aragón. Según la acusación, podría haber un delito de prevaricación por parte de los poderes públicos en la concesión de los permisos urbanísticos a la explotación agraria.
Sin embargo, según el informe incorporado a la causa, "la mayoría dela hipotéticas infracciones", urbanísticas y contra la ordenación del territorio, "han prescrito" y son legalizables. Asimismo, el estudio señala que las actuaciones realizadas en la finca deberían ser objeto de regularización tanto ante Hacienda como ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El mismo informe subraya que "la propia indefinición del plan urbanístico de Caspe no puede constituir un hecho limitante que pueda paralizar las inversiones en una explotación" que puede llegar a generar, según la época del año, hasta 300 puestos de trabajo.
Por ello el perito apuesta por la revisión del PGOU, incluyendo todas las actuaciones relacionadas con el plan de regadíos del Bajo Aragón (PEBEA), dado que sus indefiniciones están en la raíz del procedimiento.
