Apenas 172 aragoneses que solicitaron el ingreso mínimo vital (IMV) tiene reconocida la ayuda casi dos meses después de su puesta en marcha. Suponen tan solo el 1,2% de los 14.479 ciudadanos de la comunidad que la han pedido, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recabados por UGT, que abarcan hasta el 10 de agosto. El sindicato no tiene además constancia de que nadie haya cobrado el subsidio, que puede reclamarse desde el 15 de junio, y denuncia el “colapso” y “fiasco” en su gestión.
En estos datos no se contabilizan las 1.800 personas a los también llega el IMV desde el 1 de junio (con efecto retroactivo) al ser reconocida su concesión de oficio —sin tramitación— porque eran perceptores de una ayuda familiar por hijos a cargo aportada por el Gobierno de Aragón.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se ha convertido así en un embudo a la hora de gestionar el ingreso mínimo. Este organismo apenas ha resuelto 1.176 peticiones en Aragón (1.031 en Zaragoza, 82 en Huesca y 81 en Teruel), de los cuales 1.004 han sido denegadas, es decir, el 87% de los expedientes completados acabaron con resultado negativo, si bien existe la posibilidad de reclamar.
El ritmo de ayudas aprobadas es de tres por día. Con esta cadencia, harían falta 18 años para alcanzar los 20.000 beneficiarios a los que se ha estimado que puede llegar la prestación en nuestra comunidad.
TAPÓN DE EXPEDIENTES EN LA SEGURIDAD SOCIAL
El tapón de expedientes que esperan la respuesta del INSS es de 12.291 en Aragón (9.992 en la provincia de Zaragoza, 1.569 en Huesca y 730 en Teruel), lo que supone que tan solo se han tramitado el 15% de las 14.479 solicitudes recibidas. Otras 436 han sido canceladas por duplicidades y 566 están con requerimientos de documentación para resolverse (en este caso, faltan los datos totales de Huesca).
La situación a nivel nacional es incluso peor. De las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629, de las que 4.148 han sido autorizadas (el 0,5%) y 28.481 rechazadas, además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar, según los datos que maneja UGT. El ministerio dirigido por José Luis Escrivá ha actualizado este miércoles la estadística y eleva a unas 6.000 las prestaciones reconocidas y 36.000 las denegadas en estos dos meses y medio.
UGT: “TENEMOS UN PROBLEMA SERIO”
“El ingreso mínimo fue muy buena idea, pero si no lo pagan tenemos un problema muy serio. Hay gente que no está cobrando el ERTE ni el paro ni nada”, lamenta Pura Huerta, secretaria de Empleo de UGT Aragón, quien cree que la Seguridad Social debería haber previsto que iba a darse esta situación. Reclama por ello que un “procedimiento urgente” para el abono de la prestación. “Salvo en los casos de duplicidades, primero habría que pagar y después comprobar. No se puede demorar la revisión de cada caso en un colectivo tan delicado”, advierte.
El atasco administrativo se repite en la gestión de otras ayudas extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno central para las empleadas del hogar, que “prácticamente no ha cobrado nadie” en Aragón, asegura Huerta. Esta demora, asevera, está siendo también “muy dolorosa” para un colectivo ya de por sí “precarizado” y “bajas remuneraciones”.
El Ayuntamiento de Zaragoza sigue esperando la llamada del ministerio para colaborar en la gestión del ingreso mínimo a través de sus servicios sociales, como así se dijo que se haría del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los sindicatos también han mostrado su disposición a colaborar en la gestión de esta ayuda, pero tampoco ha habido ningún movimiento.
FALTA DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN
“El IMV necesitaba la cooperación de todos los agentes implicados, pero no se ha avanzado nada. Es un desafío que la prestación llegue a las personas necesitadas, algo que no se consigue fácilmente. Hace falta mucha información”, destaca Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, quien tacha de “opaca” la gestión que se está haciendo.
El problema de fondo, a juicio de este sindicato, es la “escasez” de personal del INSS tras los recortes sufridos desde que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, que impuso la obligación de amortizar de plazas de funcionario. “La crisis anterior deterioró los servicios públicos y esto ha desbordado el organismo en la gestión de la pandemia”, según Barrera. “Hay que poner medios, no podemos quedarnos en el colapso”, añade.
