Ochenta y dos años después de que fueran fusilados en 1936 en Calatayud, en el curso de la guerra civil, los restos de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña están un poco más cerca de descansar en paz. Ayer, tras un largo proceso judicial para la obtención de permisos legales, un grupo de peritos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) iniciaron los trabajos previos a la exhumación de los restos óseos de víctimas de ambos bandos que yacen en el Valle de los Caídos.

«Esto es una puerta a la esperanza, por fin vemos que se hace algo, pues hasta ahora todo habían sido recursos y negativas», manifestó ayer la aragonesa Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta, respectivamente, de ambas víctimas, así como esposa de Miguel Ángel Capapé, responsable de Arico, la asociación aragonesa para la recuperación de la memoria histórica.

Ambos madrugaron ayer en Zaragoza para poder estar presentes en el acto celebrado en Cuelgamuros, donde los técnicos deben determinar si es posible recuperar los esqueletos reclamados. Con ellos se hallaba el abogado Eduardo Ranz, que representa a varias familias de víctimas.

«No nos han dejado entrar», lamentó Purificación, que señaló que lo que suceda en el Valle de los Caídos es algo que interesa en muchos rincones de España, dado que más de 30.000 víctimas de la guerra civil fueron allí enterradas en los años que siguieron a la contienda civil. Junto a ella estaban ayer en el Valle de los Caídos familiares de otros represaliados procedentes de lugares como Soria o Málaga.

La entrada de los técnicos, que trabajan para el Instituto Torroja y se especializan en temas de construcción, se produjo a las 9.30 horas. Durante dos días, estos peritos realizarán catas en el nivel tercero del columbario de la capilla del Santo Sepulcro. Para ello taladrarán los muros con finas brocas para así poder introducir cámaras en miniatura que permitan escudriñar el interior de la cripta.

Se trata de observar el estado de los restos y si las cajas en las que fueron introducidos se encuentran en buen estado de conservación. Según la documentación que manejan las familias, en ese columbario están los restos de 81 republicanos fusilados en Calatayud, repartidos en nueve cajas de madera con su correspondiente numeración.

Precisamente, la esperanza de Purificación está puesta en estos detalles. Ella cree que las cajas conservan inscrito el lugar de origen de los restos que contienen, «lo que ayudará a identificarlos y a que no se confundan unos con otros».

«Este es un momento histórico», subrayó, por otro lado, Eduardo Ranz, que recordó que «hace ocho décadas numerosos demócratas fueron fusilados y sus cadáveres secuestrados para ponerlos junto a su verdugo», el dictador Francisco Franco. El letrado, que se especializa en memoria histórica, hizo hincapié en que «por primera vez, la sociedad española va a ser testigo de la entrada en la fosa más grande del mundo, bajo la cruz más grande del mundo, y esto dentro del estado derecho».

EL ABAD NO SALIÓ

El abogado Ranz habló en nombre de las familias a las que representa en un litigio que se inició hace seis años en algunos casos y que ha avanzado con gran dificultad. De hecho, el prior de la abadía benedictina que custodia el Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ni siquiera salió a recibir a las familias. «Ni está ni se le espera», dijo el abogado, que insistió en que sus representados no buscan la revancha sino que se haga justicia con sus justas demandas.

Purificación se mostró optimista respecto del resultado de los trabajos preliminares. «Vemos que por fin se hace algo y, con los medios que existen hoy en día, creemos que se encontrarán los restos que buscamos», dijo.