El dictamen elaborado por las Cortes de Aragón sobre el nuevo sistema de financiación autonómica es muy crítico con el modelo vigente desde el 2009 y plantea una serie de recomendaciones y peticiones para mejorar el sistema de reparto y que este no sea injusto con las necesidades de la comunidad autónoma. Tras oír a expertos y analizar centenares de informes y estudios sobre la materia, las conclusiones de este dictamen serán el punto de partida necesario para las reivindicaciones que pueda hacer la comunidad autónoma en cuanto se convoque el nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un nuevo Gobierno que garantiza ahora la sintonía ideológica entre administraciones.
Tras hacer un análisis del modelo y de la coyuntura social y económica de Aragón, ante un modelo vigente «complejo y poco transparente» que se ha demostrado «insatisfactorio para el conjunto de comunidades autónomas y, en especial, para Aragón», la comisión reivindica el Estatuto y reclama «la posibilidad de crear una agencia tributaria o instrumento equivalente donde participen la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para mejorar los mecanismos de información, de gestión y de caja». Esta petición, la más audaz de todas, no es la única que aparece en el dictamen.
De hecho, se reclama que Navarra y País Vasco participen en el fondo básico de financiación y que se utilice un indicador sintético, y no el de población ajustada, cuando se trate de financiar competencias que no sean servicios fundamentales. También «se considera imprescindible» un incremento de los fondos del Estado en la nivelación vertical, proponiendo además que se puedan crear «fondos de reserva por parte de las comunidades autónomas que permita ahorrar por anticipado en los momentos de bonanza económica para mantener el gasto, sobre todo en los servicios más sensibles, cuando se producen crisis económicas. A su vez, otra conclusión destaca que se produce «un desajuste importante» entre las entregas a cuenta y las liquidaciones, «lo que dificulta la política presupuestaria y la planificación de las comunidades, y plantea un problema de equidad porque, cuando se las compara para ver si están más o menos niveladas y cuántos recursos por habitante ajustado reciben, nos fijamos en el principio de devengo». Por ello, propone que las entregas a cuenta se hagan del 100% de la previsión y que se efectúen en el segundo semestre del año siguiente, y no dos años después como está ocurriendo con el modelo de financiación vigente.
El estudio admite que el sistema de población ajustada debe seguir siendo el indicador de necesidad para los servicios fundamentales, pero añade los ya consabidos y plasmados en el Estatuto: esfuerzo fiscal, estructura territorial y poblacional y, «especialmente», el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población.
El informe considera que se ha infradotado económicamente a las comunidades autónomas, y también reclama un marco normativo que mejore la capacidad fiscal y tributaria de las comunidades autónomas para recabar recursos propios sin acabar litigando con el Estado.
