Inquietud por el plan del Gobierno de quitar la educación especial

La idea no suena nueva en Aragón, donde el Ejecutivo autonómico lleva tiempo apostando por ella, con el beneplácito de las asociaciones mayoritarias que representan a estos colectivos, como puede ser Cermi. El problema es que otros grupos de personas con discapacidad o sus padres, que no veían con buenos ojos esta idea, observan cómo el impulso estatal puede acelerar unos planes que, en la práctica, están parados.

Estos padres, un colectivo de un centenar de familias, no están en contra de la integración, siempre que esta sea posible y las familias así lo deseen. Pero en sus casos lo consideran «inviable», y defienden el modelo actual de atención que se presta a los alumnos de educación especial.

Lo que subyace en esta reclamación es que la representación mayoritaria de los colectivos con discapacidad, según estas familias, está en los discapacitados físicos, ya que los intelectuales apenan representan un 15% del colectivo. Y si para una persona con limitaciones de movilidad no supone un problema, con las instalaciones y ayuda adecuada, seguir el ritmo de una clase convencional, para una persona con discapacidad intelectual, de cualquier espectro, sí puede serlo.

«El problema es que los objetivos son distintos. Nuestra prioridad es que nuestros hijos consigan la mayor autonomía personal posible, no un currículo escolar», explicaban fuentes de esta asociación, que consideran que con la actual configuración de los centros, aun con los problemas que puedan tener, reciben una atención más orientada a sus necesidades.

Incluso con la actual configuración, y con los retrasos que está sufriendo la aplicación de la ley de la discapacidad aprobada en marzo del año pasado, los padres ya echan en falta medios, que dudan mucho que se puedan solventar si además se eliminan los centros especiales. Unas instalaciones que además continuarían como centros de referencia para los alumnos con necesidades especiales, con lo que seguiría habiendo esa «segregación» que teóricamente se quiere eliminar.

Una de estas carencias por la que están reclamando es la que atañe a los profesionales del área de salud, como fisioterapeutas, personal de enfermería o de terapia ocupacional. Reclaman que estén adscritos a la plantilla de los centros educativos, de forma que no haya plazas (y necesidades) sin cubrir por atenciones en otros lugares.

A un nivel más amplio, también piden que se contemple a este colectivo en otras instalaciones como vestuarios en piscinas públicas o centros comerciales, en los que en teoría no pueden usar para cambiar a sus hijos al ser de distinto sexo.

MÁS CARO EN LA PRIVADA

Uno de los asuntos que preocupa en el ámbito de la discapacidad es la atención sanitaria. Un aspecto que aborda en profundidad la ley aprobada en marzo del año pasado, pero no en toda la amplitud que a algunos padres les gustaría. Para estos, según explica Laura Larriba, de la asociación Especial sí, Inclusiva también, lo que se requeriría sería una unidad específica para tratar los problemas sanitarios de las personas con discapacidad intelectual, pues se enfrentan a problemas para los que los sanitarios, por muy buena voluntad que tengan, no están formados. «Se pueden poner nerviosos a poco que haya gente en la sala de espera o con el jaleo del hospital, o señalar a otra zona que dónde les duele realmente», explica.

Pero mientras esto llega, si lo hace, uno de los asuntos más urgentes para ellos es el asunto de la salud bucodental, que la norma autonómica apenas recoge en dos líneas en las que habla de «potenciar» y establecer «un plan especial». Su reclamación es que la atención pública llegue más allá de los 16 años que realmente se contemplan, y que la sanidad pública abarque la sedación que se necesita con este tipo de pacientes que no soportan un tratamiento odontológico convencional.

ÇLo que se hace actualmente, explica Larriba, es derivarles al hospital San Juan de Dios de Barcelona, lo que entre otros inconvenientes genera dilaciones que pueden llegar a un año. Si se trata de evitar acudiendo a la privada, «te puede salir por 4.000 euros, al pagar cirujano y anestesista», un simple empaste.

Al colectivo le anunciaron la creación de un quirófano especial para estos casos en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza, del que tras un año no tienen noticias.

LA ODISEA DE LOS NÚCLEOS RURALES

Si para algunos padres las carencias en los servicios públicos para la discapacidad intelectual son notorias en todo Aragón, la situación, como en otros ámbitos, empeora si se traslada el asunto al ámbito rural.

En concreto, varias familias se están encontrando problemas porque, aun concendiéndoles plazas en centros de terapia ocupacional, de educación especial o en centros de día, según el caso, no hay transporte especial desde los lugares donde residen hasta la capital de provincia o la cabecera de comarca donde se ubican estos centros.

Así lo explica Ramón Milla, que reside en la localidad turolense de Jarque. Por el momento él no es un afectado por este problema, ya que «hasta que (los jóvenes) están escolarizados, está cubierto» el transporte y la escolarización. Pero podría serlo el año que viene, cuando en lugar de a Andorra tenga que ir a Utrillas, si no hay transporte directo.

«Hay casos, en el Maestrazgo, en el que algún niño ha tenido que estar cuatro años en casa, porque aunque tuvieran plaza la familia no lo podía llevar», afirma Milla, quien además incide en que, si se trata de un centro de terapia ocupacional, por ejemplo, el transporte solo está garantizado en periodo lectivo. «Y eso si lo pueden llevar al transporte», sin contar el acompañamiento que necesitan. «Lo que tendrían que hacer es pasar a buscarlos».

«Al final, muchos van a vivir a la capital o a la cabecera de comarca, porque así es más fácil. Pero yo me quiero quedar en mi pueblo. Luego hablan de despoblación, pero no ponen las cosas fáciles. No digo que tenga que ser gratis, pero tenemos el mismo derecho que todos a ir a los centros», razona Milla.