La Comisión de Educación aprobó ayer una iniciativa de Podemos para instar al Gobierno de Aragón a que garantice la gratuidad de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos ante la práctica de algunos centros concertados de cobrar a las familias determinadas cantidades para actividades complementarias de sus hijos.
La moción, defendida por el diputado de la formación morada Carlos Gamarra, salió adelante con el apoyo de los grupos de izquierda (PSOE y CHA-Grupo Mixto), las abstenciones de PAR y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
La medida insiste en el propósito de otras dos iniciativas aprobadas ya en el 2016, según recordó Gamarra. «Hay colegios privados concertados que hacen un negocio ilegal a costa de las familias sometiéndolas a pagos irregulares para actividades complementarias», denunció el diputado, para quien esta práctica «impide el acceso a estos centros a los alumnos de las clases sociales desfavorecidas, que se acaban concentrando en los públicos y en otros concertados», dijo.
Gamarra echó mano de un informe estatal (y que ya recogió este diario hace unas semanas) en el que se señala que un 92% de los centros concertados aragoneses establece cuotas obligatorias para actividades, extraescolares, gabinete psicológico y compra de material escolar con diversas cantidades como 96, 86 o 37 euros. Por eso, Gamarra reclamó que se cumpla la ley para que la inspección educativa investigue estas prácticas y que se informe convenientemente a las familias.
Por parte del PP, María José Ferrando reconoció la existencia del problema, pero rechazó que se trate de algo generalizado en la concertada. «No podemos negar una evidencia, pero no se puede tomar la parte por el todo. Hay cuotas, pero son voluntarias», defendió.
La diputada del PSOE, Margarita Périz, recordó reciente intervención de la consejera de Educación, Mayte Pérez, en la que, a su juicio, «quedó claro que Educación sí actúa ante estas prácticas» en las comisiones de conciliación de los conciertos y con medidas como la publicación centralizada de los precios que cobran los centros concertados por los servicios de transporte y comedor escolar.
