El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) actual, situado en el zaragozano barrio de San Gregorio, inició su actividad en el 2003 calificado por el Gobierno de España de la época como un centro «pionero» y de «referencia» para el resto. Arquitectónicamente destaca su diseño hacer frente a grandes catástrofes, después de tragedias como el Camping de Biescas, ocurrido en 1996 en el que hubo 87 muertos y 187 heridos, o el incendio de la discoteca en el que fallecieron 43 personas en los 90. En el 2020 la pandemia del coronavirus les puso a prueba, llegando a realizar 900 autopsias y más de 4.000 certificados de defunción. La mortalidad en la comunidad se disparó un 22% hasta superar los 16.000 finados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero su función va más allá de los muertos y después de 19 años en servicio siguen estando a la vanguardia. Lo último: la instalación de un ortopantomógrafo en el que certifican la edad de los menores extranjeros no acompañados.
El responsable del equipo de profesionales que allí trabajan es, desde unos meses antes de que el coronavirus se hiciera pandemia, José Manuel Arredondo. Apoyado sobre la fría mesa de acero inoxidable que el personal de limpieza acababa de desinfectar tras una autopsia, este médico legal reconoce «lo duro» del año 2020. «Hubo que afrontar muchos cambios y tomar decisiones muy rápidas», señala, mientras recuerda que decidieron activar el protocolo que habían diseñado para el ébola y así hacer frente al covid-19 sin ponerse ellos en riesgo. Lo consiguieron ante la llegada del material que en aquel momento era muy escaso.
En casa
Arredondo echa la vista atrás y recuerda que se llevó a su casa material para improvisar un EPI si hubiera hecho falta. «Nuestras mentes no paraban», asegura. También decidieron reorganizar espacios y adaptar una sala de autopsias especial que tienen para, por ejemplo cadáveres en avanzado estado de descomposición. «Por sus características es la mejor para descontaminar», manifiesta.
No es la más empleada puesto que a todo fallecido con sospecha de covid primero analizan el historial clínico al que tienen acceso y, posteriormente, le realizan un test de antígenos e, incluso, una PCR. «El virus sigue presente en los cadáveres y gracias a estas pruebas podemos descartar riesgos y también poder concretar si la causa de la muerte ha sido esa u otra. Y es que por las manos de estos profesionales que ven la muerte de una forma muy diferente a los demás pasan todas las personas cuyo fallecimiento es violento o por causas naturales ante la ausencia de certificado de defunción porque o hay sospechas de la causa de la muerte o porque un sanitario no ha podido documentar la misma.
Ante las restricciones de movilidad y la reducción de los accidentes de tráfico el análisis realizado por patología forense establece que las causas más comunes fueron el suicidio por precipitación, seguido por ahorcadura y posteriormente por medicamentos.
Pero la actividad del IMLA es múltiple. Son capaces de averiguar la edad cuando no existe partida de nacimiento. Una práctica que llevaban a cabo cuando desarticulaban redes de extorsión sexual de inmigrantes para reconocer a las víctimas. Lo hacían a partir de una radiografía de muñeca, pero ahora completan la prueba con un análisis dental. Lo aplican a los menores extranjeros no acompañados, pudiendo observar que el 64% de los casos analizados eran mayores de edad. De esta forma, el Gobierno de Aragón evita un mal uso de los recursos sociales destinados a los menores en situación de vulnerabilidad.
Pero antes de analizar la muñeca izquierda, que es «como un mapa de edad», también valoran el grado de madurez de los genitales y el vello corporal de los examinados que, hasta la fecha, son siempre de sexo masculino.
Son especialistas y únicos en el servicio de biomecánica en el que son capaces de certificar el grado de movilidad de una persona que dice haberlo perdido en alguna parte de su cuerpo. De ahí que muchas mutuas de accidentes o seguros acudan a ellos para que lo certifiquen. Hasta 324 pericias realizaron a particulares, que se unen el medio millar de informes sobre drogas, alcohol y medicamentos, apartado en el que ha destacado la técnica para detectar en el pelo el consumo crónico de estas sustancias. Cada centímetro de cabello es un mes de consumo que se puede detectar.
Especial labor también cometen en la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género. 450 informes llegaron a realizar en el 2020. Médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales y educadores trabajan conjuntamente para definir el riesgo de la mujer que denuncia maltrato. Tienen un objetivo pendiente: el tratamiento de cadáveres en el marco de la Memoria Histórica.
