La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO en Aragón aseguró ayer que la integración del personal del Consorcio Aragonés de Salud de Alta Resolución (CASAR) en el Salud "tiene visos de ser inconstitucional" y presentará una demanda por la ausencia de negociación en el proceso.

El colectivo recriminó al Departamento de Sanidad que haya aprobado la integración mediante una ley de lectura única --que no da lugar a debate-- y sin tener en cuenta un proceso de debate con los sindicatos y los empleados. "Esta forma de actuar contradice el espíritu con el que se firmó el pacto por el empleo el pasado verano", indicó Juan Urdániz, secretario general de FSS-CCOO Aragón.

El colectivo, que ya ha traslado su malestar al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, denunció que "ya existe un procedimiento de sucesión de empresas con subrogación de los trabajadores y que tiene su marco legal perfectamente definido, pero aquí se ha ignorado ese paso", apuntó Urdániz, quien alertó de que la forma que ha elegido la DGA para llevar a cabo este proceso "no solo deja en una situación de inseguridad jurídica a los trabajadores del CASAR, sino que va a suponer la judicialización de los procesos selectivos del Salud en el futuro".

El portavoz sindicalista alertó de la "desinformación" respecto a cómo se realizará la integración y cuáles son las actuales condiciones laborales de los 400 trabajadores del consorcio. "Hemos pedido varias veces a la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón que emita un informe con toda la documentación pertinente, pero nunca tenemos respuesta", explicó Urdániz.

CCOO Aragón ya presentado una queja al Justicia de Aragón por la negativa de Función Pública a hacer pública su postura oficial ante este asunto y ha mantenido una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón.