Los trabajadores públicos temporales en fraude de ley han vuelto a movilizarse este lunes, 15 de febrero, en 40 ciudades españolas, incluyendo las tres capitales de provincia aragonesas para mostrar su rechazo a la precariedad laboral en el sector público.

Quieren denunciar así el "incumplimiento" de la normativa laboral por parte de las administraciones públicas al mantenerles en "abuso de temporalidad" por permanecer más de tres años como trabajadores interinos.

Estas movilizaciones coinciden con el primer aniversario de la creación de la Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley-Movimiento Independiente #15F. Las concentraciones han comenzado a las 17.30 horas y se han desarrollado en Zaragoza, en la plaza de España; en Huesca, en la plaza de Navarra, y en Teruel, en la plaza de la Catedral.

En Aragón, apoyan las manifestaciones el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras ocho formaciones: la Alternativa Sindical Solidaria de Aragón (SOMOS), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Aragón (STEA), el Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón (CATA), la Plataforma de Temporales del Ayuntamiento de Huesca (AytOsca), los Médicos Eventuales de Aragón, Sindicatos de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), el Sindicato Ferroviario (SF), el Sindicato de Trabajadores de Opel (STOPEL) y la Intersindical ISTA.

'FIJEZA YA'

Desde el secretariado de STEPA en Zaragoza, María Pilar Remírez, ha explicado que hace un año ya participaron en una manifestación a nivel nacional en Madrid en la que reclamaban 'fijeza ya' "como sanción al abuso de temporalidad por parte de las administraciones públicas".

Ante las denuncias de este colectivo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido este "abuso" de temporalidad en España, obligando a las administraciones a acabar con esta práctica y a compensar a las víctimas de este "fraude".

Sin embargo, no se han tomado medidas legislativas para acatar esta condena y, por el contrario, se está impulsando el despido sin indemnización de estos trabajadores al convocar oposiciones para cubrir sus plazas en procesos de estabilización laboral.

Así, "durante este año no se ha materializado en nada la sanción para esas administraciones que abusan y, por eso, seguimos presionando a los gobiernos y sindicatos que firman los acuerdos a que se posicionen a favor de los trabajadores y trabajadoras", ha añadido la representante de STEPA en Zaragoza.

En la comunidad hay 17.000 trabajadores públicos dependientes del Gobierno de Aragón que están en esta situación, pero "son datos estimativos", ha matizado Remírez, ya que son cifras extraídas a partir de los datos que publica Transparencia Pública, porque "Función Pública no nos facilita los datos y hemos hecho una petición para conocerlos", ha concluido.

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA EUROPEA

María Gómez Zazurca, una de las trabajadoras afectadas en Huesca ha dicho que hay "que dejar claro que Europa hace más de 20 años que publicó una directiva que perseguía la estabilidad de todas las empresas públicas y privadas", y "el Gobierno traspasó esa directiva al ordenamiento jurídico nacional en el sector privado, pero no público". En concreto, se ha referido a la Directiva 1999/70 sobre el derecho a la estabilidad en el empleo.

Carlos del Cal, desde STEPA en Teruel, ha añadido que la Administración no "cumple las obligaciones porque no se convocan los concursos que tenían que convocarse, ni las adjudicaciones de plazas, y pasan tiempos y tiempos con deberes sin hacer". Además "el tribunal europeo indicó que hay que convertir en fijos a estos empleados temporales", ha alegado.

PERFIL DE TRABAJADORES

La plataforma ha recalcado que el personal del sector público en estas condiciones de temporalidad tiene una media de 50 años y en su mayoría son mujeres. "Si los echan, tienen difícil encontrar empleo si no es el que han desarrollado durante cinco, diez o veinte años en la Administración", ha comunicado de la Cal.

"La solución no es convocar oposiciones y lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque se tiene que dar una sanción para el abuso de la temporalidad. No vale sacar ahora oposiciones cuando no se han sacado en el tiempo que se debía", ha resaltado.

SITUACIÓN ESTRUCTURAL

Esta temporalidad es "abusiva" porque no es coyuntural sino estructural: "Se está trabajando con personal temporal durante años, porque interesa no definir una dimensión de plantillas y estar funcionando con personas que al tener una situación precaria, pues quizás dan menos problemas".

Por último, Carlos de la Cal ha resaltado que no se trata de "personas que no quieren estudiar las oposiciones y que desean las hagan fijas por la cara". "De eso nada, aquí hay una normativa que no se han transpuesto, un incumplimiento de la normativa europea".

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

El colectivo de interinos en fraude de ley ha reclamado una reforma legal que dé continuidad a todos los afectados con más de tres años de antigüedad, asimilando sus condiciones de trabajo a las de sus homólogos fijos, aunque sin llegar a una equiparación total, mediante su conversión en "fijos a extinguir".

Esta medida no supondría un aumento del gasto público, frente a las indemnizaciones que los empleados pueden reclamar judicialmente, porque las administraciones tienen que cumplir con sanciones y "tampoco van a estar pagándolas del erario público", ha opinado el representante de STEPA en Teruel, Carlos de la Cal.