La jornada de este sábado en Aragón ha sumado protestas de muy diversa índole. Una de ellas se celebró ante las puestas del Parlamento autonómico quiso evidenciar la situación de «fraude de ley» en la que se encuentran al menos 17.000 trabajadores públicos de la Administración autonómica (el 30 % de la plantilla) que según los sindicatos convocantes está contratada «en abuso de temporalidad, incumpliendo así la normativa europea».

Más de un centenar de empleados públicos se citó en los jardines del palacio de la Aljafería convocados por el sindicato de trabajado por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras entidades para recordar a las administraciones que los trabajadores que consideran en fraude de ley desempeñan desde hace muchos años «puestos de naturaleza estructural, siendo el 75 % mujeres, con una edad media de 50 años». Los colectivos denuncian además que las tasas de temporalidad en Aragón «se disparan en los servicios esenciales y en los peores destinos: sanitarios en primera línea de acción, profesorado en los barrios desfavorecidos y pueblos aislados, los servicios sociales o la atención al público», todos ellos de carácter estructural según su interpretación. Con el mismo lema también salieron manifestantes en Huesca y en Teruel.

La situación por la que protestaron los funcionarios viene de lejos, pero la crisis del coronavirus ha empeorado las condiciones de muchos de los puestos en cuestión. La portavoz de los colectivos de interinos, Olga Pérez, explicó que la solución en el caso de Aragón puede ser sencilla e inmediata: incluir en los próximos presupuestos (actualmente en tramitación en las propias Cortes ante las que se concentraron) una enmienda que garantice su continuidad a todos los afectados, asimilando sus condiciones de trabajo a las de funcionarios, estatutarios y laborales fijos «aunque sin llegar a una equiparación total al personal temporal de las Administraciones autonómicas y locales de Aragón, con más de tres años de antigüedad».

Pérez indicó que una directiva europea ya ampara la necesidad de legislar esta situación, pues existe el riesgo de que los trabajadores afectados se queden en la calle. «El Gobierno de Aragón está incumpliendo sus propias leyes», destacó. Los interinos explicaron que seguirán protestando hasta que se les garantice la seguridad que merecen por ser «personal cualificado».