Los interinos han dicho basta. Los trabajadores temporales de la administración están recabando fuerzas en toda España para protestar por lo que consideran un trato injusto contra ellos y un incumplimiento de las directivas europeas. El próximo día 14 de enero este colectivo saldrá a la calle en las principales ciudades del país para, «por lo menos», hacer su problema visible. En Zaragoza, además de entonces, un reducido grupo de estos trabajadores se concentrará frente a las puertas del ayuntamiento el lunes antes de que se celebre el último pleno del año en el consistorio.

«No pedimos nada más que se cumpla la ley. En este país da igual todo». En estos términos se pronuncia María Albares. Ella ha sido una de las interinas que en los últimos años ha sido cesada sin ningún tipo de contraprestación y de manera fulminante. En toda España, «hasta 800.000» trabajadores temporales podrían vivir esa misma situación. El 70%, además, son mujeres y muchas mayores de 50 años. «Después de toda la vida en la administración y con una sobrada experiencia en tu puesto te cesan y te quedas en la calle», lamenta.

El problema viene de lejos. En 1999 entró en vigor una directiva europea que establecía que el número de contratos temporales en la administración pública no podía superar el 8% del total. En la actualidad, y según el INE, este porcentaje se sitúa en España en el 27,5%. Y es que, durante muchos años, «nadie ha cumplido» la norma, explica Albares, hasta que en el 2017 al Gobierno de España le entraron las prisas por revertir la situación ante la amenaza de que llegarán sanciones desde Bruselas.

Exámenes multitudinarios

«Somos gente que nos hemos examinado varias veces, aunque no tengamos plaza y que nos hemos ido renovando. Ahora nos cesan y nos dicen que nos presentemos a un examen otra vez, pero es que una persona de 50 años no lo va a aprobar. Con 50 años tienes más preocupaciones, hijos y gente mayor a tu cargo, una casa que pagar y la cabeza no te da», cuenta esta exinterina, que con 57 años fue cesada de su puesto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Su principal reivindicación es que se tenga en cuenta sus años de experiencia a la hora de poder acceder a una plaza fija. «En la empresa privada a los dos años te tienen que hacer indefinido, pero sin embargo, si trabajas para la administración, esto no se cumple. Europa nos acabará sancionando y la multa la tendremos que pagar entre todos», advierte la mujer, que critica la falta de apoyo por parte de los sindicatos.

El colectivo de los trabajadores temporales de la administración, explica Albares, no se ha movilizado hasta ahora por miedo. «Los interinos tenemos los peores puestos porque si te quejas te cesan. Si te deben vacaciones no te las pagan y tampoco te dan indemnización por el despido. La gente no es consciente de las condiciones en las que trabajamos», lamenta. El fenómeno de la interinidad, además, está muy extendido. Desde el personal que atiende en Urgencias hasta los investigadores españoles que están trabajando en la vacuna contra el covid. «Son gente con un nivel altísimo y ahora nos hacen presentarnos a un examen para mantener nuestro puesto», manifiesta.

Albares critica también las condiciones en las que se están llevando a cabo los nuevos exámenes de las oposiciones. El pasado 19 de diciembre hubo en Zaragoza, en un edificio del campus Río Ebro, un examen de técnico de recursos humanos del Ayuntamiento de Zaragoza. «Había más de mil personas convocadas cuando en Navidad no podemos reunirnos más de seis. ¿Aquí no existe el covid?», se pregunta. Y los exámenes, que pueden tener una duración de tres horas, se hacen con las ventanas abiertas. «La semana pasada hacía mucho frío y si no cogías el covid cogías un pasmo», zanja.