El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha suspendido, de forma provisional y hasta la celebración del correspondiente juicio, la concesión de 18 medallas al dispositivo de la Guardia Civil que detuvo a Ígor el Ruso después de que este hubiera asesinado en una masía de Andorra al ganadero José Luis Iranzo y a dos miembros de la Benemérita, así como, días antes, herido a un hombre en una casa de campo en Albalate del Arzobispo. La concesión de esta distinción causó una viva reacción contraria a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que nada más tener conocimiento del hecho presentó un recurso pidiendo la revocación de las medallas.

La entrega de esas medallas fue asimismo impugnada por el Ayuntamiento de Andorra y la comarca de Sierra de Arcos. El asunto se ha bifurcado en las vías administrativa y judicial debido a la proliferación de recursos.

Sin embargo, resulta llamativo que pese a aplazar la entrega de las distinciones, el Ministerio del Interior se reafirma en la legalidad de las medallas y en la «irreprochable» actuación policial.

Ígor el Ruso fue detenido ocho horas después del triple crimen, en un vehículo todoterreno estacionado en un camino del Maestrazgo, adormilado en la cabina tras una alocada huida por carreteras secundarias en las que incluso sufrió un accidente. El órgano gubernamental que dirige Marlaska se solidariza con las familias de los fallecidos pero insiste en que se trató de una intervención que acabó de forma exitosa.

Esa visión es radicalmente distinta a la de la opinión pública de la zona, que ha denunciado a través de sus instituciones y sindicatos que hay poca presencia de Guardia Civil y que se sienten desamparados frente a los delincuentes. Y consideran que el caso de Ígor el Ruso es demostrativo de esa situación de indefensión. De hecho, nada más ocurrir el suceso se denunció que no se pusieron medios ni efectivos tras el primer tiroteo, el de Albalate del Arzobispo, una «negligencia» que achacaron a Interior.

Además, varios partidos políticos, entre ellos Podemos, Chunta y Compromís, entre muchas otras entidades del tejido asociativo, han pedido rectificar y revocar la orden publicada en el Boletín de la Guardia Civil del pasado 28 de julio. Esta recoge la propuesta de concesión de distintas medallas a un total de 18 guardias civiles, entre ellos al que entonces era capitán de la Benemérita en Alcañiz, al que se le reconoce con una Cruz de Plata; y al teniente coronel de la Comandancia de Teruel, con Cruz con Distintivo Blanco. Ambos fueron dos de los máximos responsables del operativo desplegado. A todo ello se une que recientemente un juzgado central de Madrid acogió a trámite un recurso de UAGA contra la concesión de las medallas. En este sentido, el secretario general de la entidad agraria, José María Alcubierre, declaró días atrás a este medio que el medio rural se siente «desamparado».

Por otro lado, una asociación creada por amigos del ganadero fallecido en Andorra, que ha recogido 2.000 firmas de apoyo, ha llegado a tildar la concesión de medallas de «insulto» para los habitantes de la zona, que vieron cómo no se actuaba contra el autor de los disparos de Albalate, ocurridos el 5 de diciembre del 2017, de forma que cuando se produjo el suceso de Andorra el 14 del mismo mes, todavía no se había montado un dispositivo de búsqueda del pistolero.