El Ministerio del Interior ha abierto un expediente informativo a los 31 agentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que dimitieron del Consejo Asesor de Personal de la Benemérita en julio para estudiar si pudo existir "un delito de sedición militar". Entre los afectados, que alegan que su decisión se debió "al incumplimiento de las promesas electorales del PSOE", figuran el delegado del colectivo en Zaragoza y Huesca y el de Teruel.

Fue precisamente el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien notificó la noticia a los agentes. Ahora, será la Sala Quinta del Tribunal Supremo la encargada de decidir si hubo o no una conducta delictiva.

"El problema es que todos dimitimos a la vez y estábamos de acuerdo. Vamos, que no era una única persona la que decidió actuar, sino un grupo unido", explicó a este periódico el delegado de la AUGC en Zaragoza y Huesca, Jesús Molins.

Los 31 guardias civiles tomaron esta "difícil" decisión el pasado 2 de julio. Las "tensiones" que surgieron a partir de entonces llevaron a Camacho a convocar una serie de reuniones con este grupo, en las que los agentes dejaron clara su determinación y pidieron al resto de efectivos del Cuerpo que no voten en las próximas elecciones al consejo. "Le explicamos a Camacho que el PSOE estaba incumpliendo sus promesas electorales como la creación de un mando único para la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía o el no reconocimiento de las asociaciones dentro del Cuerpo. Además, se nombró director general a un militar después de dieciocho años y fue él quien designó a los vocales que quiso en la comisión que debía estudiar el cambio del régimen disciplinario", criticó Molins.

Según el testimonio del delegado de la AUGC en Zaragoza y Huesca, el secretario de Estado de Seguridad se comprometió posteriormente a plasmar por escrito que los cambios prometidos se llevarían a cabo, pero pidió a los guardias civiles que volvieran al consejo. Estos se negaron y dejaron claro que no lo harían a menos que se reconociera un marco legal para las asociaciones dentro de la Guardia Civil.

Pero este conflicto va camino de complicarse más aún, ya que el 1 de octubre, el ministro de Interior, José Antonio Alonso, ha convocado a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía para equiparar los salarios policiales --en teoría también se incluirán los de la Guardia Civil--, con los de las policías autonómicas. Sin embargo, la AUGC, mayoritaria en la Benemérita, tampoco podrá estar representada en las negociaciones. "Hemos llegado a un acuerdo con la Confederación Española de Policía y con el Sindicato Unificado de Policía para que nos representen y muestren nuestro malestar. Además, no descartamos movilizarnos, aunque no nos dejarán", agregó Molins.