Las multas impuestas en Aragón en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015, popularmente conocida como ley mordaza, ascendieron en el 2017 a 8,8 millones de euros (8.849.072 euros, concretamente), según el Ministerio del Interior. Sin embargo, según las cifras de recaudación de la Delegación del Gobierno en Aragón, solo se recaudaron 2.045.746 euros. Un nada despreciable agujero de 6,8 millones que, a falta de una explicación certera, parece tener varios posibles motivos.

Según fuentes consultadas, uno de los factores para esta merma estaría en la bonificación por prontopago, que reduce el abono de la sanción a la mitad, si esta se acepta por el multado y no se recurre. A esto habría que añadir aquellos casos en los que sí se ha recurrido y se ha ganado, o aquellos en los que no se ha podido localizar al infractor, incluso las veces en las que se sí se ha conseguido pero este era insolvente.

Con todo y con eso, la merma parece demasiado abultada, por lo que las citadas fuentes apuntaban a un posible error de contabilidad, por ejemplo por haber sumado las sanciones originalmente tramitadas a los nuevos expedientes abiertos por el citado prontopago.

AL ALZA

Sea como fuere, las sanciones por esta ley, en cuanto a número (dato, este sí, incontrovertido), siguieron aumentando el año pasado en la comunidad, a buen ritmo. La polémica ley impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy entró en vigor a mediados del 2015, y en su primer año de vigencia completo, el 2016, se impusieron 8.446 sanciones por ella en la comunidad aragonesa.

Una cifra que aumentó notablemente en el 2017, hasta las 14.478 (cuando, según las estadísticas de Interior, se dieron los 8,8 millones de recaudación), y que el año pasado volvió a experimentar un notable crecimiento, del 17%, hasta quedar en 17.621 multas en todo el año.

Con las cifras en la comunidad, esto se tradujo en un aumento de dinero considerablemente superior al de las sanciones, de un 26%. De los 2.045.746 euros ingresados en el 2017 se pasó a los 2.582.632 euros del año pasado, más de medio millón de euros de incremento en solo un año. Un volumen destacable, aunque palidezca respecto a los 6,8 millones extraviados en las cuentas del año anterior.

Aunque el número de sanciones totales en lo que va de este año no pudo ser precisado, sí lo están los ingresos del primer trimestre, que alcanzaron los 695.621 euros. En proyección, todo indica que en este 2019 se volverán a batir récords de recaudación.

La ley mordaza fue muy criticada por la oposición y diversos colectivos sociales por la restricción de libertades civiles que conllevó, con temas especialmente espinosos como la prohibición de tomar imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad, apuntarles con láseres o rodear el Congreso.

Sin embargo, los aspectos más polémicos de la norma han tenido poca aplicación, casi nula, al menos en Aragón. El grueso de las sanciones sigue siendo por consumo y tenencia de drogas, cuando no alcance un nivel que pudiera ser constitutivo de un delito de narcotráfico. Por ejemplo, el año pasado fueron algo más de 10.000 de las 17.000 multas impuestas.

Estas, y otras como portar armas prohibidas (siempre que no constituyan delito de tenencia ilícita de armas), figuran entre las sanciones más abundantes, y son conductas que ya estaban castigadas por las leyes de Seguridad Ciudadana vigentes antes de la impulsada por Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz como ministro.

Pero también es cierto, y fue otro de los aspectos más criticados, que las sanciones económicas aumentaron considerablemente en el 2015. Precisamente en el consumo de drogas, por ejemplo, la multa base por el consumo y tenencia pasó de 100 a 300 euros, y la media de la sanción suele ser más elevada, rondando los 600, aunque luego se quede a la mitad por el citado prontopago. De ahí que sea lógico que la recaudación aumente sistemáticamente por encima de lo que crecen las multas.