El decreto de interrupción temporal de pagos firmado por el alcalde, Juan Alberto Belloch, el pasado 30 de julio ha roto el letargo político que vive el Ayuntamiento de Zaragoza en el mes de agosto. El PP, principal grupo de la oposición, y el equipo de Gobierno PSOE-CHA mantienen posturas muy distintas al valorar la consecuencias de esta medida, y el alcalde accidental, el nacionalista Miguel Gargallo, y Ricardo Mur, portavoz económico del PP, se enfrentan con críticas y datos cruzados.

Gargallo defendió ayer que el consistorio sigue abonando las facturas pendientes de julio cuyo importe asciende a 17,8 millones de euros y aseguró que los retrasos de los nuevos pagos de agosto apenas se notarán. Mur, por su parte, sostuvo que los intereses de demora que pedirán las empresas afectadas por la suspensión pueden supone la pérdida de 9.000 (1,5 millones de pesetas) al día mientras dure el retraso.

En un comunicado del área de Hacienda, refrendado por el alcalde accidental, se afirma que la "única variación" que introduce la interrupción de pagos decretada por la Alcaldía es que las facturas que lleguen en agosto no recibirán la orden de pago hasta la aprobación del plan de estabilidad presupuestaria, prevista, asegura, "para principios de septiembre".

Este plan, que incluye una espectacular subida de impuestos, es de obligada elaboración y cumplimiento a causa del cierre deficitario de las cuentas en el 2003. Cuando se oficialice, el consistorio podrá cobrar unos 42 millones de euros de los créditos previstos para el 2004 y se normalizarán los pagos.

Mur precisó, por su parte, que según la media mensual que el consistorio paga en gasto corriente e inversiones y con el retraso previsto, los proveedores podrán reclamar intereses de demora por valor de 9.000 euros diarios.