La prórroga presupuestaria en la que está inmersa Aragón no compromete los «créditos ampliables» destinados a gastos como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), la renta básica, la protección a las víctimas de violencia de género, los créditos destinados a financiar la universidad o los comedores y los transportes escolares. Además, la orden de prórroga garantiza con carácter residual la disposición de créditos que financian el «funcionamiento» de los servicios públicos y la atención de las «necesidades colectivas», lo que incluye «la sanidad, la educación, la justicia y los servicios sociales», además de gastos como los de personal, entre otros muchos.

Así lo expuso ayer la interventora general del Gobierno de Aragón, Ana Gómez, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Gobierno de Aragón en la que, a instancias de Podemos y el PAR, expuso las consecuencias de la prórroga presupuestaria. El mensaje fue a grandes rasgos tranquilizador, pero en síntesis fue similar al que dio el consejero Fernando Gimeno (aunque sin el descaro de decir que la prórroga es buena), por lo que fue acogido con similar incredulidad por todos los grupos salvo el PSOE y CHA.

Gimeno detalló que la prórroga tiene su incidencia en las inversiones nuevas y las infraestructuras que no se costeen a cuenta de partidas plurianuales. Sí admitió que la «intertidumbre» es mayor, «en dosis muy elevadas», respecto a los efectos de la prórroga presupuestaria estatal, sobre todo en cuanto a la financiación autonómica. «Aún no sabemos las condiciones en las que se han prorrogado los Presupuestos Generales del Estado y desconozco si se va a poder ejecutar el Fite, ni si recuperaremos el duodécimo mes del IVA desde que se restringió a once», reconoció.

Tras su intervención, el primero de los diputados que la habían propuesto, Héctor Vicente, destacó que el mecanismo de prórroga presupuestaria «penaliza» a los gobiernos que no pueden sacar adelante un presupuesto porque les bloquea esa pequeña parte con la que cuentan para impulsar sus políticas. En el caso de la DGA, para Vicente la prórroga puede servirle al consejero Gimeno para hacer frente a los objetivos de estabilidad, porque «una vez que no tuviera que preocuparse del gasto social podría dedicarse a amortizar deuda», analizó.

Para Elena Allué, la prórroga genera «inquietud» y es consecuencia de la «falta de interés» de los partidos de la izquierda en contar con unos presupuestos. «Sigue habiendo familias que lo pasan mal y tampoco es el mejor escenario de tranquilidad, no resulta proclive a la inversión porque, además, se suma la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y de unas cuentas para Zaragoza», lamentó.

La interventora también respondió en un segundo turno, a instancias del PP, sobre la ejecución presupuestaria del año pasado. Pese a que repasó el aumento de 433 millones de euros de ejecución en obligaciones reconocidas, un porcentaje (96,7%) «en línea» con otros años o unos ingresos superiores a lo presupuestado por ganancias inesperadas (161 millones más), el diputado popular Antonio Suárez insistió en que la DGA elevó los impuestos innecesariamente porque gastó menos.