La comisión de investigación sobre los planes de saneamiento en Aragón a veces tiene mucho de comisión de información. Los comparecientes llegan al palacio de la Aljafería para responder a las preguntas de unos diputados que intentan aferrarse a hechos concretos entre datos técnicos, grupos de estudio y normas superpuestas.

En la jornada de ayer, ya la octava, los grupos parlamentarios inquirieron a diez personas vinculadas con los planes de saneamiento de perfiles muy variados: desde juristas a ecologistas pasando por gurús en materia hídrica. Lo heterodoxo del conjunto reforzaba la imagen de dispersión en los objetivos. Aunque una opinión rotunda sobrevoló el conjunto: el sistema concesional elegido para construir las depuradoras nunca estuvo plenamente justificado y creó dudas en el área de Hacienda.

Así se manifestó el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, quien fue interventor general de la Diputación General de Aragón entre agosto de 1997 y diciembre del 2005. «Me gustaría saber si el sobrecoste del 25% provocado por el sistema tiene alguna correlación con un mejor servicio», indicó.

Además, señaló que el Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo encargado de desarrollar los proyectos, no pasó por el control de los interventores de la comunidad. La revisión financiera se hacía, según marca la legislación para este tipo de organismo, a toro pasado. «Hubiera sido más eficaz una fiscalización previa», reconoció.

un informe «demoledor»

Peña defendió el contenido del informe realizado por la Cámara de Cuentas en el 2015 que ha dado pie a esta investigación. Ante la crítica planteada por la diputada María Herrero (PAR) a que se califique el texto de «demoledor», el actual responsable del organismo fiscalizador aseguró que lo realmente «demoledor» es la situación real del saneamiento, con depuradoras sin terminar, y que el documento lo único que hace es «ponerlo por escrito».

Otra voz autorizada que cuestionó el modelo fue el diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Pedro Arrojo, coordinador en el 2013 de un memorándum que llegó el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Entre los reproches que figuraban destacaba el sobredimensionamiento de las infraestructuras, que hubo «licitaciones sin la necesaria cesión de competencias» y que de la estrategia asumida «surgieron sobrecostes injustificables y sospechosos».

Arrojo, en un tenso cara a cara con Herrero, consideró que este memorándum no fue determinante para que el BEI negara la financiación de algunas actuaciones y destacó que la verdadera razón fue que todo el plan carecía de «la necesaria» evaluación ambiental estratégica.

En este sentido ahondaron los testimonios de un portavoz de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), Abel Salvador, el que fuera director del Consejo de Protección de la Naturaleza (CPN), Joaquín Guerrero Peyrona; y el ecologista y presidente de la Comisión del Agua, Luis Tirado.

Este último reconoció que el personal del IAA no estaba «técnicamente preparado» para impulsar depuradoras con un modelo extensivo y que ni siquiera se pusieron en marcha proyectos piloto.

A través de una videoconferencia desde Nueva Delhi intervinieron el que fuera asesor del Centro Internacional del Agua de la DGA hasta el 2011 Asit K. Biswas, y la investigadora internacional Cecilia Tortajada. Aunque lo cierto es que Biswas no se mostró especialmente interesado en la realidad presente del plan y realizó una defensa genérica del planteamiento inicial del modelo por su capacidad de llegar hasta los pueblos de menor población.

La maratoniana jornada de comparecencias se completó con cargos técnicos que se limitaron a justificar sus decisiones en la obediencia a las normas.

Estuvieron el responsable de las valoraciones del Plan Pirineos, Jorge Pomar; la directora de contrataciones, codirectora de planificación o responsable de análisis y recursos en las sociedades Sodemasa y Sarga, María Vicente; y un portavoz de los Servicios Jurídicos de la DGA, Juan Pérez Mas.