Las intervenciones telefónicas que dieron lugar al caso Becerril, desgajado de la operación Molinos, han recibido en tres ocasiones el aval de un tribunal. El primer abogado del exconcejal, Álvaro Bajén, planteó su nulidad al juez que tramitó la causa --Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5-- y recurrió su desestimación ante la Audiencia, cuya Sección Sexta avaló su validez. La actual letrada de Antonio Becerril, Cristina Ruiz-Galbe, solicitó al magistrado que presidirá el juicio con jurado, Alfonso Ballestín, que declarara su nulidad, pero este lo rechazó. Los pinchazos recibieron el cuarto respaldo hace unas semanas, cuando, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechazó el recurso de la letrada contra la resolución del juez. No obstante, admitió que el hecho de que el instructor del caso La Muela tardara un año en enviar las grabaciones a los juzgados zaragozanos --hacerlo antes suponía desvelar la investigación principal--, y que lo hiciera antes de que fueran cotejadas, supone una "irregularidad procesal".