Varios agentes de la Policía Local de Zaragoza han comenzado a pasar por las dependencias del Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza para responder al jefe de servicio sobre su papel en los decomisos de mercancía a vendedores del top manta, en el rastro y en otras localizaciones. Una información reservada (investigación interna) abierta tras la denuncia de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) por una quincena de supuestas apropiaciones de mercancía, que ha indignado a la plantilla, al entender no solo que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) no protege al cuerpo, sino que parece ponerse del lado de quienes les acusan «sin pruebas».
La información reservada fue abierta a instancias de la propia concejala delegada del cuerpo, Elena Giner, en un escrito remitido el pasado 16 de marzo al concejal delegado de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, que decretó la apertura de las pesquisas el 23 de marzo. Desde entonces, según fuentes del cuerpo, son varios los agentes que han sido convocados.
PARCIAL
Los interrogatorios, según las mismas fuentes, tienen el sesgo de que se basan en el escrito de quejas de los manteros, que han llegado a tildar la labor policial de «racismo institucional». Y no cuentan con los informes redactados por los agentes tras los incidentes, que figuran en los archivos de la Policía Local, y por ende, del ayuntamiento.
Fuentes municipales afirmaron que esto «no implica que no se tomen en cuenta» en un futuro. Desde el consistorio aseguran que es un proceso «totalmente normalizado» que se abre ante cualquier queja de mala praxis de un funcionario municipal, y que no hay posicionamiento ni «animadversión» alguna.
Según explicaron fuentes del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, la propia investigación es «triste y lamentable», pues con ella se pone en duda la «labor intachable» de los policías. Según explicaban, los agentes rellenan siempre una hoja de servicio con la labor del día, y «cualquier cosa que exceda de la rutina» se refleja en un informe interno, que se digitaliza e incorpora al archivo.por lo que si hubiera interés, sería fácil obtenerlo. Máxime cuando algunos de los incidentes que se están investigando datan del 2015 y no están frescos en la memoria de los interrogados.
La investigación interna prolonga la polémica sobre las actuaciones con la venta ilegal, particularmente en el rastro. Los agentes de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC), tradicionalmente encargados del control -con o sin la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO)-, siempre han presumido de tener más bien «manga ancha», cumpliendo la ley en cuanto a los decomisos pero limitando, por ejemplo, las identificaciones, dado que a menudo se trata de sin papeles.
Las últimas protestas impulsadas por la AISA y el 15-M zaragozano ya generaron la respuesta del sindicato mayoritario en la Policía Local de Zaragoza, CSL-Cipol, que anunció que estudiaría si las acusaciones podrían ser querellables como injurias. Por el momento, sin resultado. También defendió la labor del cuerpo CSIF, que aclaró que «decomisar no es robar», y que el material que se requisa es «de dudosa procedencia y no sometido a control legar alguno», además de realizarse «con la preceptiva acta de intervención».
Fuentes del sindicato animaron a denunciar penalmente las irregularidades y aportar pruebas, pero consideraron «inadmisible» que se tache al cuerpo de «represivo» por hacer su trabajo. Y exige al ayuntamiento «que defienda la profesionalidad de sus trabajadores», algo que considera que no está haciendo.
